EN estos días de comparecencias forzadas y a petición propia de ministros de todos los colores, hay dos que son especialmente urgentes: la del vicepresidente económico, Pedro Solbes, y la del ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Solbes debe dar respuesta a la incertidumbre que ha creado el propio Gobierno sobre una situación económica que parece estar más cerca de la recesión que de la desaceleración que pronosticó inicialmente Zapatero. De camino, una vez que haya dejado claro el diagnóstico, el vicepresidente económico está obligado a calibrar el impacto de la inyección de 8.800 millones de euros de liquidez realizada por el Ejecutivo y enunciar las nuevas medidas que adoptará en esta situación de ajuste.

Todo ello, claro está, sin recurrir a los eufemismos, que sólo han servido para que el ciudadano medio perciba una cierta incapacidad de sus gobernantes para asumir la crisis que vive desde hace muchos meses su economía doméstica por la subida de las hipotecas, los carburantes, el precio de los alimentos básicos y el deterioro galopante del mercado laboral.

El optimismo de Zapatero, calificado de buenismo por los zapaterólogos, se ha traducido en miopía, y por ende, en desatino ante la crisis. Si alguien no es capaz de hacer un buen diagnóstico, difícilmente dará con el remedio por muy amplio espectro que tenga la solución.

En el actual contexto, la explicación de las balanzas fiscales casi se las puede ahorrar Solbes. Si el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antonio Castells, tenía razón cuando aseguraba que desde 1999 el Estado sólo ha transferido a las comunidades autonomías déficit, ahora que no va a quedar superávit, el debate sobre las balanzas resulta baladí. Eso sí, Solbes debería aprovechar para dejar claro que tributan los ciudadanos y no los territorios para romper el frente de comunidades ricas contra pobres en unos tiempos en los que debiera primar la unidad nacional por puro sentido común.

Tanta importancia o más que la presencia de Solbes en las Cortes Generales la tiene la del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que comparecerá, además, antes que el vicepresidente. El que fuera candidato socialista a la alcaldía de Madrid explicará un plan de ahorro energético que aspira a reducir la dependencia española del petróleo un 10%. En Sebastián y su plan pone el Gobierno gran parte del crédito que le queda para asumir con realismo una situación tan grave que tiene poca pinta de ser coyuntural.

Más allá de la responsabilidad del Gobierno, Mariano Rajoy tiene el próximo miércoles, en su encuentro con Zapatero en Moncloa, una buena oportunidad para arrimar el hombro y sumarse a la petición que formuló el pasado martes en el Congreso el veterano diputado socialista Francisco Fernández Marugán, que abogó, en un gesto de sensatez, por una reflexión conjunta de todos los grupos ante la situación de ajuste que vive la economía española. Los populares, dicho sea de paso, alguna responsabilidad tienen en lo de la burbuja inmobiliaria.

El resto de los ministros que tienen prevista su comparecencia antes de finales de julio bien harían en posponerlas hasta septiembre, un mes muy propicio para volver a empezar con renovadas energías a pesar de que el precio de petróleo no parece que vaya a bajar.