"Perseguir a los terroristas, a quienes los amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción". Este es el principal compromiso que adoptó Cándido Conde-Pumpido de cara a su reelección como fiscal general del Estado, un cometido que el Ministerio Público, aseguró, desarrollará con "un respeto escrupuloso a las reglas básicas del Estado de Derecho". Cumpliendo con los trámites que establece el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para su nombramiento, Conde-Pumpido compareció ante la comisión de Justicia del Congreso donde su reelección contó con el apoyo de PSOE, PNV y CiU y la oposición de PP, ERC y UPyD.

En su discurso, Conde-Pumpido aseguró que durante los próximos cuatro años en la lucha antiterrorista la Fiscalía "continuará, con más esfuerzo si cabe, en la misma dirección que ha seguido hasta ahora". En este punto, y consciente de que su labor fue una de las más controvertidas y criticadas por el PP durante el fracasado proceso de paz, exigió a las fuerzas democráticas "la debida unidad política" que permita "que el trabajo del fiscal no sólo siga siendo eficaz, como lo ha sido en todo momento, sino que además sea debidamente percibido por los ciudadanos como un factor fundamental de confianza en el sistema democrático".

De igual modo, y en una alusión clara a la polémica generada, y todavía muy viva, tras la vuelta de la izquierda abertzale a los ayuntamientos a través de ANV, Conde-Pumpido quiso destacar que la Ley Orgánica de Partidos Políticos "no establece ni debe establecer ningún Guantánamo electoral".

Pero en su intervención, no solo se refirió al terrorismo de ETA, sino que Conde-Pumpido también habló del terrorismo internacional y se felicitó por el resultado del juicio del 11-M que finalizó con "una sentencia condenatoria jurídicamente bien fundamentada". En esta materia anunció que en el futuro el objetivo de la Fiscalía será "acusar y juzgar a los terroristas antes de que lleguen a matar".

Pero en el discurso del fiscal general del Estado también hubo espacio para las reivindicaciones y peticiones para mejorar la labor del Ministerio Público y de la Justicia en general. Así Conde-Pumpido destacó la necesidad modernizar tecnológicamente el sistema judicial para así, aunque no se pueda "eliminar el error humano",, se contribuyan a "evitar" o "paliar las consecuencias" de "desgraciados acontecimientos recientes", como fueron los casos de Mari Luz Cortés o de Alovera, crímenes que no llegó a citar expresamente.

También insistió en la necesidad "inaplazable" de reformar el proceso penal y señaló otras de las prioridades de la Fiscalía en los próximos cuatro años como la implantación de fiscalías de área, el impulso de la estructura territorial, el establecimiento de un sistema formativo "útil de verdad" y la aproximación a las víctimas del delito. En este sentido demandó "esfuerzo presupuestario y, sobre todo, voluntad política", para acometer estas mejoras.

La reelección contó con el aval del PSOE, el PNV y CiU. Conde Pumpido agradeció el apoyo de estos grupos, y a la designación del Gobierno, y señaló que el nuevo mecanismo de elección -que exige el pronunciamiento del CGPJ y del Congreso- contribuye a "apuntalar la fortaleza institucional del fiscal sobre los pilares de la transparencia y el control democrático". "De no haber obtenido ese respaldo, volvería a mi puesto en el Tribunal Supremo", dijo.

El más crítico con la reelección fue el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, que acusó a Conde-Pumpido de no dedicarse a la modernización del sistema judicial y centrar sus esfuerzos en "hacer cosas muy raras", en relación con el proceso de diálogo con ETA. Además Astarloa calificó de "paripé histórico" el nuevo sistema de designación y afirmó que la persona elegida para volver a ocupar la Fiscalía General del Estado es "seguramente la menos idónea".

Tras este trámite ante la Comisión de Justicia del Congreso la designación de Conde-Pumpido, elegido por el Gobierno y refrendado en abril por el CGPJ, queda pendiente únicamente de su promesa o juramento ante el Rey para posteriormente tomar posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.