La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley, propuesta por En Comú Podem, por la que se insta al Gobierno a suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF y revisar los beneficios fiscales de los que, a su juicio, disfruta la institución, en particular lo que respecta a la exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El texto votado, pactado con el PSOE y que contó con el voto en contra del PP y Ciudadanos, también pide que se aplique a la Iglesia una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no lucrativo.

Además, sugiere el establecimiento de mecanismos que permitan que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas se doten de nitidez y transparencia en el gasto. "Es así como se exige a todos aquellos que reciben dinero del Estado", lo que incluye la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, apunta el texto de la propuesta.

El diputado que defendió la iniciativa, Josep Vendrell, afirmó que "lo que no paga la Iglesia lo acaban pagando los ciudadanos, fieles o no fieles" por lo que considera la actual situación "una anomalía que crea una situación de privilegio hacia una confesión en un Estado aconfesional".

La iniciativa, tras la aportación de los socialistas, recabó el apoyo de Esquerra y del PDeCAT, mientras que el PP y Ciudadanos han votado en contra. El PNV, cuyo voto era decisivo ya que un empate habría echado por tierra la iniciativa, optó por la abstención alegando que había puntos que no compartía.