El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes con los votos en contra del PP, PSOE y UPyD una iniciativa de ERC que pedía al Gobierno central que transfiriera su competencia exclusiva de poder convocar referéndum a la Generalitat de Cataluña. La proposición no de ley que instaba al Ejecutivo central a traspasar las facultades de ejecución de estas consultas, en el plazo máximo de 6 meses, a través del artículo de la Constitución que prevé la delegación de competencias exclusivas a las autonomías, ha contado con 276 votos en contra, 42 a favor y ninguna abstención.

La propuesta ha contado con el apoyo de los representantes de CiU, Izquierda Plural, PNV y el Grupo Mixto. El debate se produce unas semanas después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya convocado elecciones para el 25 de noviembre y anunciar su intención de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña si cuenta con mayoría suficiente y dos días después de las reclamaciones independentistas exhibidas en el Camp Nou.

En la exposición de motivos de la iniciativa, ERC señalaba que el referéndum es uno de los principales instrumentos de participación popular, por lo que "debería ser" un mecanismo normalizado de expresión política de las Administraciones. Añade que esa normalización "está obstaculizada de manera incomprensible" por la autorización previa estatal a cualquier referéndum de una comunidad autónoma o municipio. Recuerda que el Parlamento catalán aprobó una ley de Consultas, que fue impugnada por el Gobierno anterior y suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que dejó a Cataluña sin norma "para poder otorgar mayor poder de decisión a su población". En la defensa de la propuesta, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha dicho que los catalanes quieren "votar" y se ha preguntado cómo puede ser ilegal una votación.

Ha considerado que las "amenazas" sobre este asunto del Gobierno son un síntoma de debilidad y que la mayoría absoluta del PP, a la que acompaña el PSOE en este caso, han impedido que la iniciativa salga adelante, pero no convencerá a los catalanes. Bosch ha compartido su tiempo con el diputado de Amaiur Jon Iñárritu, (ambos en el Grupo Mixto), que ha defendido que los ciudadanos de cada territorio puedan expresar su derecho a decidir el modo de convivencia y ha pedido que, si ahora la Constitución lo impide, se busquen los mecanismos para mejorar la participación democrática. Ha coincidido con el diputado del PNV Aitor Esteban en que lo lógico es que un Gobierno pueda consultar a su pueblo y en recordar que se modificó el Código Penal para poder encarcelar al lehendakari si convocaba un referéndum. Esteban se ha referido también a la sentencia del Tribunal Constitucional que paralizó y declaró inconstitucional la ley de Consultas del Parlamento vasco y ha comparado esa situación con la actual.

Jordi Xuclá, de CiU, ha asegurado que en la X legislatura que se inaugurará en el Parlamento catalán tras las elecciones de noviembre varias formaciones políticas llevarán un programa electoral que defenderá el derecho a decidir. A su juicio, desde hace 35 años Cataluña ha mostrado su voluntad de ser una nación con vocación de autogobierno en un Estado plurinacional, lo que no ha sido posible y que "algunos discursos excluyentes" durante este tiempo han favorecido la desafección actual de la "inmensa mayoría" de los catalanes.

Arturo García Tizón, del PP, ha defendido el voto en contra de su grupo "por respeto a los que nos votaron y a la Constitución" y porque la propuesta carece de rigor técnico y jurídico, es de imposible cumplimiento y contraria a la Constitución. El diputado del PSOE Ramón Jáuregui ha indicado que comparte que hay un debate político sobre esta cuestión y que su partido no tiene miedo a votar, pero que la resolución de los problemas territoriales no se resuelve con consultas sobre "posiciones extremas", sino con política y democracia, "para poder recoger la problemática que un pueblo expresa". Rosa Díez, de UPyD, se ha mostrado en contra de que una parte decida por el todo, porque "lo que ocurre en Cataluña me afecta, ya que es parte de mi país".

Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, ha reconocido que la propuesta tiene "dificultades de anclaje constitucional", aunque el debate no es jurídico sino político, y ha animado a reformar la Constitución para cambiar el concepto de soberanía nacional, entre otros asuntos.