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El Consejo General del Poder Judicial aplaza la decisión sobre la indemnización a Dívar

  • Debatirá sobre el derecho de su ex presidente a la compensación económica después de que Hacienda responda a la ampliación presupuestaria que ha solicitado para hacer frente a ese pago.

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El Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) ha aprobado un recorte presupuestario de un 12% para 2013, en un pleno en el que ha aplazado su decisión sobre la indemnización reclamada por su ex presidente Carlos Dívar hasta que Hacienda decida si le concede una ampliación de crédito para afrontar ese pago. El pleno ha acordado solicitar al Ministerio de Hacienda una ampliación presupuestaria de 44.623 euros para este año para poder empezar a pagar esa indemnización, pero esperará a conocer la respuesta ministerial antes de debatir si Dívar tiene o no derecho a esa compensación económica que ha solicitado, de 208.243 euros, por ejercer como alto cargo durante al menos dos años.

Según ha dicho en rueda de prensa el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, esa decisión se debe a "razones de técnica presupuestaria", y una vez que cuenten con la respuesta de Hacienda se adoptará un acuerdo en el primer pleno que se celebre. Como principal punto en el orden del día la sesión plenaria ha tenido la aprobación del proyecto de presupuesto del CGPJ, en el que se ha acometido un recorte de un 12,02% respecto al ejercicio anterior, pasando 71,35 en 2012 a 62,77 millones de euros en 2013. Moliner ha destacado la importancia de este presupuesto, que se acomoda a las necesidades y al interés general en un momento de crisis económica, así como a las instrucciones del Gobierno para sus respectivos departamentos y ministerios, al tiempo que permite al CGPJ cumplir sus funciones.

La reducción afectará también a la presidencia del Consejo, que a partir de ahora contará con un solo jefe del Gabinete Técnico, y no dos, y prescinde de nuevos asesores, aprovechando los que ya están trabajando en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ también ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, y que supondrá equiparar el régimen de vacaciones y días libres de jueces y magistrados al resto de funcionarios públicos.

El informe, aprobado por una amplia mayoría del Consejo, incluye duras críticas a algunas de las medidas que prevé el anteproyecto y que considera una "restricción de derechos" sociales para la carrera judicial. Así lo ha destacado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien ha explicado que el Consejo no pone reparos a las medidas que homologan el régimen jurídico de los jueces al resto de los funcionarios, como la equiparación de los días de vacaciones.

Sin embargo, no comparte que se eliminen los seis permisos anuales de tres días con los que cuentan los jueces y magistrados, ya que a su juicio no suponen "ningún privilegio", sino que son consecuencia de la especificidad y peculiaridad de la carrera judicial y su función jurisdiccional. "El Consejo critica de forma drástica esta reducción de permisos" que no tiene justificación, ha dicho Bravo, que ha puesto también el acento en que el anteproyecto no presenta ninguna memoria económica que cifre el ahorro que puede suponer esa medida.

La portavoz ha hecho hincapié en que el CGPJ es solidario con la situación de crisis, pero ha recalcado que no se pueden olvidar la peculiaridades de la función jurisdiccional. Además, el informe critica la ausencia de un estudio adecuado del impacto de género de estas medidas, y que se supriman las licencias de estudios, ya que recortarlas irá en detrimento de la formación de los jueces y supondrá un trato peyorativo respecto al resto de la Función Pública. Este informe ha contado con dos votos particulares, los de los vocales José Manuel Gómez Benítez, que considera que en materia de permisos el Gobierno no debe prever un trato desigual entre jueces y otros funcionarios públicos, y de Ramón Camp, que entiende que el Ejecutivo debía haber previsto una reducción proporcional de los días de permiso en relación con los previstos en la carrera judicial.

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