Fuentes del alto tribunal confirmaron a Europa Press que, según marca la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esta suspensión se mantendrá durante un máximo de cinco meses a contar a partir de la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco, es decir, no concluirá hasta el próximo 15 de diciembre. 

En su recurso, el representante de los Servicios Jurídicos del Estado concretó que la Ley vasca de consulta popular vulnera un total de cuatro preceptos constitucionales (artículos 1.2, 2, 92.1 y 149.1 de la Carta Magna) en cuanto que pretende marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la autorización de consultas populares. 

El recurso invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución Española, que prevé efectos suspensivos por un plazo cinco meses en el caso más que probable de que la iniciativa del Abogado del Estado sea admitido a trámite, lo que podría producirse en los próximos días. Dichos efectos contarían desde la fecha de publicación de la norma impugnada, es decir, desde hoy, lo que imposibilitaría los planes previstos por el Gobierno vasco.

A la interposición formal del recurso anunciado por el Gobierno desde que se conocieron los planes de Ibarretxe se sumó el presentado posteriormente por el PP, que también ha sido admitido hoy a trámite y que será acumulado al primero para ser resuelto de forma conjunta.