Erc reconoce al líder de JxCat, Carles Puigdemont, su derecho a elegir el candidato a la investidura en primera instancia, pero al mismo tiempo avisa de que después éste se deberá consensuar con los republicanos, según explicó ayer el adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, quien, en un acto para reclamar que Dolors Bassa abandone la cárcel de Alcalá Meco, apostó por "hablar entre todos" de la estrategia a seguir.

Los tuits de los presos miembros de JxCat Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull cerrando filas en torno a Puigdemont y pidiendo "confianza" en sus "propuestas" han provocado que los republicanos levanten la voz para reivindicar su papel en la negociación, dejando claro que todo no queda en manos del cabeza de cartel de JxCat.

"Puigdemont no sólo es el presidente de la Generalitat que fue atacado por el 155, sino que es el líder de JxCat, a quien corresponde hacer la propuesta. Evidentemente, una vez que lo hagan, ya veremos. Y estamos convencidos de que, una vez hecha la propuesta, nos pondremos de acuerdo porque lo importante es recuperar las instituciones", sentenció Aragonès.

El adjunto a la presidencia de ERC dejó claro que los republicanos querrán dar su opinión una vez Puigdemont y JxCat pongan sobre la mesa un nombre y una estrategia a seguir para la investidura que viene. A juicio de Aragonès, lo que "hace falta es recuperar las instituciones lo antes posible, para que no se pueden dejar en manos del 155".

"Coincidimos con otras formaciones políticas de la mayoría republicana en que debemos poder tener una investidura efectiva y que debe responder a esta mayoría republicana", añadió.

Por otra parte, el abogado de la ex consellera de Educación Clara Ponsatí, Aamer Anwar, aseguró que su defendida se enfrenta a una "sentencia de muerte" si se practica su extradición a España. En una entrevista a The National, afirmó que de ser trasladada para ponerla a disposición de la Justicia española, será encarcelada "durante cuatro años sin juicio" y, de ser condenada por los delitos de rebelión y malversación, permanecería "hasta 33 años" entre rejas. "La realidad de lo que estamos hablando aquí es una sentencia de muerte. El Gobierno español no rehusará imponer la sentencia máxima", dijo.

En la misma entrevista, ambos acusaron al Estado de venganza: "Esto no se trata de Justicia, esto es venganza, esto es un secuestro", zanjó Ponsatí, quien se fugó junto a Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a Bélgica y después decidió asentarse en Escocia para ejercer como profesora en la Universidad de St Andrews.