Una iniciativa presentada ante el Defensor del Pueblo pide el reconocimiento del terrorismo etarra como crimen contra la humanidad en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de forma que los atentados no se declaren prescritos cuando cumplen 20 años, como sucede actualmente en España.

Esta acción ha sido promovida por el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez junto a la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, que fue asesinado por la banda el 14 de abril de 1981 en Usurbil (Guipúzcoa) y su crimen ha sido declarado prescrito.

El texto se remite al Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, que asegura que exigen la aplicación de la jurisprudencia de Núremberg dictada en 1948 a todos los crímenes contra la humanidad posteriores a dicho momento. A su juicio, las acciones etarras cumplen todos los requisitos de los crímenes contra la humanidad como "crímenes cometidos de forma sistemática y generalizada por parte de una organización armada ampliamente implantada en un territorio contra un grupo de población civil perseguida".

Además, pone como ejemplo el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el secuestro de José Antonio Ortega Lara, que considera que fue "una desaparición forzada seguida de detención ilegal en condiciones inhumanas". "Todo ello está recogido desde 1948 en los juicios de Núremberg, mucho antes de que tales actos se perpetrasen, y vigente hoy en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por España", sostiene.

La iniciativa también hace referencia a las miles de personas "deportadas" del País Vasco y recuerda que la Corte Penal Internacional define como tal al "desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional".

"Al negarse nuestras actuales autoridades a reconocer que los crímenes de ETA son crímenes contra la humanidad, no sólo están negando la justicia para estas personas, también les están negando la aplicación de los instrumentos internacionales de reparación previstos específicamente por la ONU para este tipo de crímenes", advierte.

La familia de Latiegui ya ha protestado en numerosas ocasiones contra la prescripción de los delitos de terrorismo. En una de sus acciones, la viuda y la hija del empresario exhibieron carteles con la fotografía del fallecido y pidiendo "justicia" durante un juicio que se desarrollaba en la Audiencia Nacional. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, les pidió que cesaran en sus protestas y, ante su insistencia, ordenó a las fuerzas de seguridad que las desalojara del lugar.

En noviembre de 2009 la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento de la causa que instruía contra Zurutuza por el asesinato de Latiegui, al considerar que había transcurrido el plazo de prescripción de 20 años contemplado en el Código Penal de 1973.