La Fiscalía Anticorrupción calificó de "insólita" la medida de arresto domiciliario propuesta por la defensa de Ignacio González, ex presidente madrileño, para sustituir su situación de prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado 21 de abril por el caso Lezo. Según indica el fiscal del caso, Carlos Yáñez, al oponerse de nuevo a la puesta en libertad de González, el arresto domiciliario es una medida reservada para casos en los que el internamiento supone grave riesgo para la salud del preso, algo que no ocurre con el ex presidente madrileño, quien está "en perfectas condiciones de salud".

Aun así, la Fiscalía entiende que el ingreso en prisión puede causar siempre "pesadumbre o deterioro personal", algo que "no tiene nada que ver" con lo expresado por el abogado de González, Esteban Mestre, en su recurso, en el que afirma que la prisión provisional "lesiona los derechos a la salud y la integridad moral" de su defendido. Con esa afirmación, el fiscal comprende que lo que está queriendo expresar el abogado es que a González "no le gusta estar en prisión y le causa un estado anímico de cierta depresión" porque de suceder lo que dice el letrado estaríamos ante un delito de vejaciones.

Éstos son los principales argumentos empleados por el fiscal para impugnar el recurso presentado el pasado lunes por la defensa de González ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, de mantener al ex presidente madrileño en prisión.