La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, descartó ayer que el Gobierno central tenga en mente frenar las obras de construcción de la tubería que llevará agua desde la desembocadura del Ebro hasta Barcelona. Era lo que había exigido el jueves el Gobierno de Aragón, que considera que la medida vulnera su Estatuto de autonomía. "Hoy por hoy no hay un cambio de postura", contestó De la Vega al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la petición del Ejecutivo de Marcelino Iglesias de derogar el trasvase después de que las últimas lluvias hubiesen incrementado la reserva hidráulica en Cataluña.

El Gobierno sostiene que no hay suficiente agua como para garantizar el abastecimiento al área metropolitana de Barcelona. La vicepresidenta explicó que el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino hace un seguimiento puntual de la situación de los embalses catalanes para alcanzar esa conclusión. El pasado jueves, ahondó De la Vega, no se daban las condiciones que permitirían garantizar el abastecimiento. Las cosas deberían cambiar, según sus cálculos, cuando se inaugure la desaladora prevista para la próxima primavera.

La dirigente socialista explicó que el Gobierno no puede determinar cuál es la cantidad suficiente que bastaría para cancelar el trasvase, que está previsto que entre en funcionamiento el próximo mes de octubre porque se tiene que hacer una proyección en el tiempo y asegurar que no se interrumpe en ningún momento el abastecimiento.

La vicepresidenta señaló que la responsabilidad del Gobierno es "garantizar el abastecimiento a los ciudadanos vivan donde vivan" y haciéndolo "de la forma más sostenible" y desde luego no buscando la confrontación con ninguna administración. Esta política, recordó, "ha permitido que no le faltara agua a nadie, que no haya restricciones".

Sobre el anuncio del Ejecutivo aragonés de presentar un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley sobre las medidas de emergencias para hacer frente a la sequía en Barcelona, Fernández de la Vega dijo que es una "iniciativa legítima y legal".

El portavoz del Gobierno murciano, Juan Antonio De Heras (PP), terció en la polémica al afirmar que hay que mantener el trasvase y añadir con sorna que "la lluvia debe haber dejado más claro el horizonte, porque lo que era trasvase empieza a serlo ahora para Aragón (en manos del PSOE) que pide el cese de esta infraestructura". Que la situación preocupa lo demuestra también el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, equivalente catalán del CIS, que determina que la escasez de agua es el principal problema para los catalanes.