El Gobierno balear pagó en 2007 un total de 445.000 euros al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín, por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que no llegó a funcionar.

Así lo muestran dos facturas, a las que ha tenido acceso Efe, contenidas en el sumario de la pieza del caso Palma Arena que investiga el supuesto entramado de empresas que tejieron Urdangarín y su socio Diego Torres para desviar dinero público a través de Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que ambos presidieron.

El Gobierno balear pagó un total de 2,3 millones de euros a Nóos para organizar dos congresos de turismo y deporte en 2005 y 2006. En el caso de este último congreso, el convenio entre el instituto y el Ejecutivo también contemplaba el observatorio.

El coste de este observatorio con vocación permanente estaba incluido en los 1,1 millones que se comprometió a pagar el Govern a Nóos y que el Ejecutivo fue desembolsando en varias facturas.

La labor del observatorio era generar información estratégica sobre la evolución a nivel mundial de las sinergias entre el deporte y el turismo y ofrecer una perspectiva comparada de los destinos internacionales más innovadores en este campo.

En la celebración de las jornadas de 2006 se explicó que ya se contaba con este observatorio permanente y se presentó un estudio elaborado por él, pero a partir de ese momento no se registró ninguna actividad otra de este organismo.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" de Urdangarín y su socio para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos.

Así define la Fiscalía Anticorrupción en un auto del juez Castro las supuestas irregularidades que se investigan en esta pieza, y abunda en que "la única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro". El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", cuando sostiene que en realidad sirvió para fines lucrativos.

Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.