El Gobierno ha hecho un llamamiento "a la reflexión y la responsabilidad", especialmente de la clase política, ante la virulencia de las críticas al Tribunal Supremo por su condena a Baltasar Garzón, y ha mostrado su "preocupación" por la imagen que éstas dan de la democracia española. "Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha añadido: "Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España".

La número dos del Ejecutivo, que se ha negado a hacer una valoración de la sentencia diciendo que "un Gobierno no comenta las resoluciones judiciales; las respeta y, si es parte, las acata", ha hecho estas declaraciones 24 horas después de que se conociera la condena a Garzón y ante la persistencia de las manifestaciones de rechazo a la resolución y a sus autores.

Un ejemplo de éstas son las palabras pronunciadas por el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha dicho que la sentencia "deteriora la imagen democrática de España en el mundo" y ha vaticinado que la "vergüenza será el doble" si el caso llega a los tribunales internacionales y éstos fallan que "no se garantizó un juicio justo" al juez. En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de ICV, Joan Herrera, que ha dicho que la condena de Garzón y la absolución del ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps son dos resoluciones judiciales que "deslegitiman el sistema democrático". Por su parte, el movimiento 15-M en Barcelona ha expresado en un comunicado su apoyo al juez y ha acusado al "sistema jurídico-legal" español de defender "un sistema político viciado y corrupto".

Desde el ámbito jurídico, las críticas a la sentencia han llegado desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha considerado "absolutamente desproporcionada" la condena y ha advertido de las "nefastas consecuencias" que la sentencia tendrá para la persecución de la corrupción. Otra asociación judicial de tinte progresista como Jueces para la Democracia, sin embargo, ha estimado que la resolución del Supremo es "razonada, razonable y ajustada a los parámetros del ordenamiento jurídico". Así lo ha asegurado su portavoz, José Luis Ramírez, que ha expresado asimismo su rechazo a los ataques personales o de tipo denigrante al tribunal o a los magistrados que lo integraron.

En contra de los ataques a los siete jueces que condenaron a Garzón han hablado también las vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo, que los ha calificado de "intolerables", y Margarita Robles, que ha anunciado que el Consejo será "muy contundente" en la defensa de los magistrados frente a las "críticas inaceptables" que están recibiendo. También el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, ha reclamado "respeto institucional" para el Tribunal Supremo, al considerar que es "absolutamente esencial para la convivencia democrática y la salvaguarda del Estado de Derecho".

Quienes han salido en defensa de Garzón han sido los funcionarios de su Juzgado en la Audiencia Nacional, que han considerado que el jueves fue "un triste día para la Justicia" en el que la sociedad perdió a "uno de los más grandes defensores del Estado de derecho". "Sentimos una pena inmensa y una desazón difíciles de sintetizar en unas pocas líneas y nos parece como si nos faltase algo. Lo peor de todo es que desgraciadamente ese algo ya nunca volverá", han afirmado en un comunicado.

Mucho menos elogiosos han sido los comentarios del presidente del Consejo Jurídico Consultivo valenciano y director de la tesis doctoral que ha presentado Francisco Camps, Vicente Garrido Mayol, que ha dicho que Garzón es "un delincuente" y que, por eso, "lo han condenado", mientras que su pupilo ha rechazado dedicarle "ni un solo minuto" al juez porque, ha dicho, "no se lo merece".