El Gobierno exige a la Iglesia respeto

  • De la Vega advierte a la Conferencia Episcopal que no se debe caer en la tentación de instrumentalizar la lucha antiterrorista · Guerra aboga por suspender los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede

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"El Gobierno se debe a los intereses de los ciudadanos y las autoridades religiosas se deben a sus fieles. Sus ámbitos de actuación son diferentes y completamente distintos" que los obispos "deberían respetar". Con estas palabras, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió ayer a la polémica nota de la Conferencia Episcopal en la que se pide a los católicos que no voten a las formaciones políticas que negocian con terroristas.

"Con total respeto a la libertad de expresión de los obispos, el Gobierno considera que el terrorismo debe quedar siempre fuera de los intereses partidarios", dijo la número dos del Ejecutivo, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que acabó siendo casi monográfica.

"En la lucha contra el terrorismo no debe haber más voluntad que ponerle fin, sin caer en la tentación de instrumentalizarlo", apuntó De la Vega, que opinó que los obispos deberían respetar el hecho de que la legitimidad del Ejecutivo sean los ciudadanos. "El Gobierno tiene su legitimidad y su ámbito de actuación. La Iglesia, los suyos, y desde luego el Gobierno los respeta", agregó.

Preguntada por la relación de la jerarquía eclesiástica con el principal partido de la oposición, Fernández de la Vega dijo apreciar "coincidencias", pero opinó que "habría que preguntarle al PP si tiene alguna influencia sobre la Iglesia católica o si la Iglesia católica tiene influencia sobre el PP". En cualquier caso, dijo echar en falta en la nota de los obispos "expresiones como generosidad, concordia o convivencia, que sin duda se ajustan mucho más al espíritu y voluntad de la inmensa mayoría de sus fieles", expresó.

El Ejecutivo descarta en cualquier caso modificar las relaciones con la jerarquía eclesiástica, asegurando que el actual marco constitucional de un Estado "aconfesional y laico", deja claro el modelo a seguir, que "puede funcionar bien siempre que se respeten los ámbitos de actuación". Negó además que haya habido una excesiva complacencia con la Iglesia en esta legislatura y, más bien al contrario, aseguró que se ha avanzado en "eliminar privilegios" de la Iglesia católica, en lo relativo al pago de impuestos o del IVA, y en el fin de la aportación directa del Estado a la financiación, que ya sólo depende de los contribuyentes a través del IRPF.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recordó que ya hubo "una intervención en 1998 del obispo Uriarte en una negociación con ETA cuando el PP gobernaba". Bermejo consideró "lamentable" que un sector de la Conferencia Episcopal "entre en campaña" y que la Iglesía está "en perfecta sintonía" con el PP.

Más beligerante se mostró el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien afirmó ayer que "no hay otro camino" que la denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.

El presidente andaluz y del PSOE, Manuel Chaves, advirtió por su parte que la actitud de la jerarquía eclesiástica "condicionará" las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, aunque aseguró que no se denunciarán los acuerdos con la Santa Sede porque la Iglesia es "algo más que la jerarquía".

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