El Gobierno propone sancionar con hasta 1.500 euros a 18 participantes en el escrache a Santamaría

  • Cifuentes abre expedientes, tres por falta grave (con sanción de 1.500 euros) y quince por falta leve (sanción de hasta 250 euros), para los manifestantes, entre los que se encuentra Jorge Verstrynge, ex secretario general de Alianza Popular.

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La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abierto expedientes sancionadores a 18 participantes en el escrache convocado ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre ellos al ex secretario general de Alianza Popular (AP) Jorge Verstrynge. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno, de las dieciocho propuestas de sanción, que pueden ser recurridas, tres son por falta grave y quince por falta leve.

Los expedientes por una posible falta grave se han abierto a las tres personas que se consideran organizadoras o promotoras de la protesta, que tuvo lugar el pasado día 5. Una de estas tres personas es Jorge Verstrynge, según han indicado fuentes cercanas a los organizadores.

Las faltas graves serán sancionadas con 1.500 euros de multa si finalmente se resuelve el expediente en contra del afectado correspondiente, mientras que las leves conllevarán una sanción de entre 200 y 250 euros dependiendo de la infracción cometida. La Delegación del Gobierno ha abierto los expedientes basándose en la información aportada por la Policía Nacional y en la Ley de Seguridad Ciudadana.

De las treinta personas que fueron identificadas en ese escrache, la Delegación del Gobierno considera que doce no han cometido una infracción que suponga la apertura de expediente. Además del escrache en la casa de Soraya Sáenz de Santamaría, la institución que preside Cristina Cifuentes tramita todas las notificaciones que le han llegado de la Policía sobre otras concentraciones de este tipo, llevadas a cabo en domicilios de dirigentes del PP.

Colau (PAH) acusa a Cifuentes de "abuso de poder" y "amedrentar" a ciudadanía

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha acusado a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, de "abuso de poder" y "amedrentar" a la ciudadanía al abrir expedientes sancionadores a participantes de un escrache. "Es una vergüenza, porque ellos mismos están reconociendo que no se ha producido ningún tipo de delito, ningún incidente. Hasta ahora en ninguna de las acciones que hemos promovido se ha producido una alteración del orden público y no está justificada ninguna sanción", ha señalado Colau.

En declaraciones a los periodistas tras una conferencia sobre desahucios en el Colegio de Periodistas de Cataluña, Colau ha dicho: "el hecho que sí debería ser delictivo es el acoso a las personas estafadas en el tema hipotecario y desahucios". A la mínima que los manifestantes reclaman responsabilidades a sus representantes de forma pacífica, se utiliza el abuso de poder y del Estado para ir contra las víctimas. Esto la ciudadanía no lo entiende y, si siguen por este camino, construirán un camino de deslegitimación que irá a peor", ha advertido la portavoz. Bajo su punto de vista, las multas "no tienen base jurídica y, sin embargo, Cifuentes sigue tratando de amedrentar a la ciudadanía para que no ejerza el derecho legítimo constitucional a la manifestación". "No lo van a conseguir -ha asegurado-. Al contrario, si siguen por este camino, lo único que van conseguir es que aumenten las manifestaciones y las acciones".

Así, ha acusado a la delegada de "intentar desviar el foco de atención al criminalizar a las víctimas y asociarlo a actos de violencia, cuando no tiene ningún tipo de credibilidad" y ha recalcado: "la ciudadanía no es tonta". "Si se piensan que esto afectará a las plataformas de afectados por la hipoteca y a los afectados se equivocan profundamente, y es que realmente no ha entendido la voluntad social", ha reiterado. "Y evidentemente, no dejaremos de ejercer nuestro derecho de manifestación y nos defenderemos en el ámbito judicial".

Colau también ha cargado contra el exdiputado autonómico del PP en Canarias Sigfrid Soria, que incendió Twitter con sus comentarios y amenazas contra los escraches, y que quedará separado de cualquier responsabilidad orgánica en el partido. "Es gravísimo -ha apuntado Colau-. Denuncian que se sienten intimidados y un responsable de su partido intimida y amenaza con matar a personas. Eso debería tener unas consecuencias políticas de cesar inmediatamente a esa persona para que no pueda tener ningún cargo de responsabilidad, y también judiciales".

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