El 'Govern' pagó el 1-O con fondos del Estado

Un juez de Barcelona que investiga delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O ha descubierto apuntes contables que suman algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y que fueron desviados al procés.

El pasado 26 de octubre, una decena de efectivos de la Policía Nacional trató de impedir que los Mossos d'Esquadra destruyeran documentos al respecto en una incineradora de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona.

Los Mossos acudieron al lugar con el objetivo de quemar "información sensible", según apuntaron fuentes de la investigación. Un trámite que la Policía catalana calificó de habitual y ordinario. Sin embargo, tras requisar más de 30 cajas de un furgón de los Mossos d'Esquadra, los documentos que había en su interior fueron trasladados al juzgado número 13 de instrucción de Barcelona, donde han estudiado el contenido de los mismos.

Según El País, en uno de esos documentos aparecía un desvío de tres millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que se destinó al procés.

El FLA fue habilitado por el Gobierno central para todas las comunidades a raíz de la crisis y para afrontar deudas e impagos de la Generalitat. Este dinero es distinto del que supuestamente han recibido asociaciones independentistas como Òmnium Cultural en subvenciones del Gobierno del ex presidente Carles Puigdemont y que en este momento está investigando, en apoyo de la Guardia Civil de Cataluña, la Unidad Central Operativa, la UCO. Es un dinero de las arcas del Estado desviado a un fin ilícito, han señalado fuentes de la investigación al citado rotativo madrileño.

La Abogacía del Estado se ha personado ya en el Juzgado 13 y la intención, según el diario madrileño, es pedir al juez Ramírez Sunyer que se inhiba de este aspecto en favor del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa matriz de los casi 40 procesos judiciales que hay abiertos en este momento en juzgados y tribunales de Cataluña y Madrid.

Pretende que sea Llarena el que asuma esta nueva malversación, que es uno de los tres graves delitos, junto a rebelión y sedición, que ya indaga este magistrado del Supremo en relación con el órdago secesionista.

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