Más de 500 juristas de toda España exigieron ayer al PP que rectifique la reforma hipotecaria para adaptarla a la normativa comunitaria y evitar que España se convierta en "un paraíso para las entidades financieras" en el ámbito inmobiliario. En un acto de apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago, estos juristas presentaron la Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios, en la que piden al PP que no desperdicie esta oportunidad histórica, ya que consideran que sería la primera de las piezas para salir de la crisis económica.

En esta línea, reclaman que se introduzcan en la reforma de la ley hipotecaria -que prosigue su tramitación en el Senado tras su aprobación en el Congreso con los únicos votos del PP- medidas de protección como la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de los desahucios.

"La ley debe adaptarse a los estándares europeos para que finalice la violación sistemática de derechos humanos que comportan las ejecuciones hipotecarias en este país", agrega el manifiesto, al que se han adherido jueces, fiscales, abogados, notarios, procuradores, secretarios judiciales, catedráticos de Derecho y el Consejo General de la Abogacía Española. Todos ellos denuncian que las respuestas normativas y las medidas adoptadas son insuficientes y no están ayudando a resolver el aumento de los desahucios.

"No podemos equiparar el dinero a los derechos fundamentales, esa no es nuestra cultura y hay que respetar la dignidad de la persona", afirmó Carlos Carnicer, presidente de la Abogacía Española, quien recordó al Senado que "todavía tiene tiempo de rectificar con la voz de juristas y del pueblo".