Los 18 detenidos en Madrid por los incidentes ocurridos en el marco de la marcha negra de los mineros quedaron ayer en libertad, aunque las diligencias continúan abiertas y siguen imputados, y dos de ellos deben comparecer semanalmente.

El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en funciones de Guardia, liberó ayer a los últimos ocho detenidos que faltaban por tomar declaración y fijó para dos de ellos la obligación de personarse en el juzgado todos los lunes como medida cautelar.

Estas personas mantienen su imputación genérica de atentado a la autoridad, por enfrentarse a los agentes de Policía, según informó a Efe un portavoz judicial.

Previamente, las otras diez personas detenidas fueron puestas en libertad tras prestar declaración ante la titular del juzgado número 34, que estaba de guardia ayer y que también mantiene para ellos las imputaciones de desórdenes públicos que figuraban en el atestado policial.

De las personas detenidas el pasado miércoles tras la manifestación en apoyo a los mineros, seis son conocidos de la Policía como participantes habituales en actos antisistema, según informaron a Efe fuentes policiales.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, consideró ayer legítimo el uso de la fuerza "cuando la Policía interviene con unos principios de proporcionalidad y firmeza y lo hace amparado por la Constitución para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos".

Los tres mineros que llevaban encerrados 37 días en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia abandonaron ayer su reclusión voluntaria en protesta por los recortes del Gobierno a las ayudas al sector.