La nueva Mesa del Congreso, que tendrá mayoría absoluta del PP conforme a los resultados electorales del 20-N, será quien decida a mediados de diciembre si Amaiur y UPyD pueden o no formar grupo parlamentario propio, pues el Tribunal Constitucional ya determinó en 2007 que este órgano de gobierno de la Cámara tiene margen para interpretar el Reglamento.

Tanto Amaiur, que obtuvo siete diputados en las elecciones generales, como UPyD, que logró cinco, no cumplen estrictamente las condiciones que el Reglamento del Congreso establece para poder formar grupo parlamentario, que no sólo se limitan a un mínimo de escaños.

Conforme al Reglamento, podrán formar grupo parlamentario propio quienes tengan más de cinco diputados y además alcancen un porcentaje determinado: o el 5% de los votos emitidos en todo el país o el 15% en las circunscripciones donde haya presentado candidaturas.

Por eso, y pese a cumplir el mínimo de escaños, tanto como Amaiur y UPyD no acaban de garantizarse grupo propio en el Congreso. La coalición abertzale superó el 15% en todas las provincias vascas pero no en Navarra, donde se quedó en el 14,86%, mientras que el partido que lidera Rosa Díez tiene un porcentaje estatal del 4,69%.

El Tribunal Constitucional estableció en mayo de 2007 que corresponde al Congreso y al Senado la interpretación de sus respectivos reglamentos a la hora de considerar si las formaciones políticas elegidas cumplen todos los requisitos necesarios para poder contar con grupo parlamentario propio.

Aquella sentencia surge de la decisión de la Mesa del Congreso de 2004, con mayoría de PSOE apoyado por CiU e IU, que acordó que ERC, con ocho parlamentarios electos, tuviera grupo parlamentario propio en la Cámara Baja a pesar de que en la circunscripción de Barcelona obtuvo el 14,16% de los sufragios. El PP presentó un recurso de amparo ante el Constitucional argumentando que se trataba de una decisión "arbitraria" que vulneraba los derechos de esta formación, aunque éste fue rechazado por el tribunal de garantías.

A su juicio, si los derechos fundamentales no resultan vulnerados, la interpretación del Reglamento corresponde a la propia Mesa del Congreso. "Son las propias cámaras las que deben interpretar la legalidad parlamentaria, sin que dicha interpretación pueda ser controlada por este Tribunal al margen de los derechos fundamentales", señalaba el auto, que contaba con el aval de la Fiscalía.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ya se ha mostrado favorable a que su partido no propicie que Amaiur logre obtener grupo propio en el Congreso. En su opinión, no se debería "echar una mano" a los que han sido "incapaces de condenar expresa y contundentemente todos los atentados de ETA y que no han sido capaces de decirle a ETA que entreguen las armas de manera incondicional", por lo que aboga por dejarles en el Grupo Mixto.

Así las cosas, el PP actual podría aplicar en la Mesa del Congreso los mismos argumentos que defendió en la oposición cuando rechazó el grupo parlamentario de ERC, aunque fuera contradiciendo una decisión anterior del mismo órgano de gobierno.

La decisión se tomará en los días posteriores a la constitución de las cámaras, aunque podría no acabar ahí ya que los posibles perjudicados, Amaiur y Unión Progreso y Democracia, podrían terminar recurriendo al Tribunal Constitucional.