El PP afronta las elecciones gallegas del 21 como un doble desafío: revalidar la mayoría absoluta de 2009, ya que sólo así Alberto Núñez Feijóo seguiría cuatro años más al frente de la Xunta, y resistir el desgaste de todo Gobierno al que le toca gestionar en tiempos de crisis.

Enfrente, los candidatos de la oposición, Pachi Vázquez y Francisco Jorquera, se postulan, cada cual a su manera, como alternativa y dique ante las políticas de austeridad de las que Feijóo ha hecho su bandera, aunque PSOE y BNG, que cogobernaron entre 2005 y 2009 bajo el liderazgo de Emilio Pérez Touriño, no son los únicos que reclaman ese papel.

La denominada Syriza gallega formada por IU y Anova, escisión del BNG liderada por el histórico Xosé Manuel Beiras, y también Compromiso por Galicia, la otra hijastra de la coalición nacionalista, aspiran a ser imprescindibles en la formación de un hipotético tripartito o cuatripartito.

Queda por ver si el tirón de Mario Conde como cabeza de lista de Sociedad Civil y Democracia por la provincia de Pontevedra, y si la pujanza de UPyD en las citas electorales nacionales más recientes se materializan en escaños. El PP reniega de posibles alianzas con estos grupos.

Precisamente por la previsión de una mayor dispersión del voto que en las pasadas elecciones autonómicas, una de las grandes bazas de los populares en estos comicios es transmitir una imagen de unidad frente a la diversidad de siglas y de programas.

La otra es colocar de cabezas de lista a todos los conselleiros, salvo la de Sanidad, Rocío Mosquera, como corresponsables de una gestión marcada por la austeridad y la contención del déficit, que hace de Galicia el espejo en el que, según defienden en el partido, en Santiago y en Madrid, deben mirarse el resto de las comunidades autónomas.

No lo ven así en el PSOE ni en el BNG, que hablan de recortes puros y duros en sanidad, educación y demás políticas sociales, y ponen el acento en las cifras del paro -la tasa ha pasado del 12 % al 21%- y en la situación de parálisis de la economía, con sectores tan señeros como el naval o la pesca como ejemplos paradigmáticos.

Pero sin duda uno de los asuntos estrella de la legislatura que toca a su fin es la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, una operación auspiciada por la Xunta en el marco del proceso de reestructuración del sistema financiero español al que aún quedan capítulos por descontar.

Cómo acabará la entidad resultante, Novagalicia Banco, reflotada con fondos públicos y con la imagen seriamente dañada por la comercialización de participaciones preferentes y por la imputación de varios ex altos cargos por sus millonarias indemnizaciones, es una incógnita que no se despejará antes del 21-O. El adelanto electoral también ha dejado en suspenso la pretensión del PP de rebajar, para ahorrar del orden de 6 millones en un mandato, de 75 a 61 el número de escaños, dentro de los límites que establece el Estatuto de Autonomía, en aras, ha justificado este partido, del reequilibrio territorial, para primar a las provincias más castigadas.

Una iniciativa, no obstante, calificada por la oposición de "pucherazo" al mantener "invariable" el reparto de escaños por provincias pese a la progresiva despoblación de las de Lugo y Orense, tradicionales viveros de votos de los populares.

El comportamiento de las urnas en los núcleos urbanos y entre la población emigrante, que estrenará el sistema de voto rogado, determinará en buena medida el resultado de los comicios que las primeras encuestas predicen un triunfo ajustado de Núñez Feijóo.