El desafío independentista | sesión de control

El PP da largas a la reforma de la Constitución que prometió al PSOE

  • Los populares rebajan las expectativas sobre la comisión territorial impulsada por los socialistas en el Congreso

  • C's alerta de que puede ser una "pista de aterrizaje" para los independentistas

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Hubo trato y el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para afrontar el desmadre independentista, pero el PP no parece por la labor de cumplir su compromiso correspondiente con los socialistas de romper el monolitismo de la Carta Magna y abordar su reforma para un mejor encaje de las piezas del puzzle autonómico. Al menos eso se desprende de la puesta en marcha ayer en el Congreso de la comisión territorial, en la que los populares dejaron claro que entre sus prioridades no está modificar la ley suprema sino, simplemente, modernizar y evaluar el Estado autonómico.Esta comisión, impulsada por el PSOE y presidida por el socialista José Enrique Serrano, se conformó, tal y como se preveía, con las ausencias de Podemos y los nacionalistas (PDeCAT, ERC y PNV) y el apoyo de PP y Ciudadanos (C's), aunque ambos partidos ya han empezado a poner diques. "A lo que viene la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico. Que nadie espere de nosotros otra cosa", adelantó el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, espantando cualquier duda: "No venimos con la idea de reformar la Constitución".

El portavoz de C's en este órgano, Ignacio Prendes, también admitió que llegaba con "expectativas a la baja" a esta comisión, y criticó que se pretenda preparar "una pista de aterrizaje" a los secesionistas que "han dado un golpe a la democracia". "Nosotros -agregó- queremos una reforma constitucional completa, no solo de aquello que interesa a los independentistas".

Las afirmaciones de PP y Ciudadanos contrastan con la intención expresada por el presidente de la comisión, Enrique Serrano, en la sesión constitutiva, de trabajar "sin peajes indebidos a nadie" y con la "gran responsabilidad" de plantear propuestas para mejorar y modernizar el Estado autonómico.

Propuestas que, a juicio de Serrano, "podrían exigir" cambios en las leyes incluida la reforma de la propia Constitución, "con la atención excepcional que requiere".

El portavoz socialista también se mostró esperanzado en que los partidos ausentes se incorporen pronto. Un llamamiento que del que se hizo eco la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al objeto de poner "cosas en común y positivas para el futuro de España".

La comisión territorial, que fue planteada por el PSOE como antesala de la reforma constitucional, está integrada por un total de 27 miembros y cuenta con una Mesa integrada exclusivamente por socialistas y populares, ya que C's no ha querido participar.

La comisión iniciará su andadura el jueves de la próxima semana, con una primera reunión de la Mesa y los portavoces para diseñar el plan de trabajo, en el que pretenden incluir comparecencias de expertos.

Entre ellos, está previsto que los primeros comparecientes sean los padres de la Constitución aún con vida: Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca, que podrían ir seguidos de los presidentes autonómicos, incluso algunos ex presidentes.

Compromís se sumó ayer a participar en esta comisión por considerar su portavoz, Joan Baldoví, que si se habla de un nuevo modelo autonómico "los valencianos tienen que estar presentes".

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, desacreditó la comisión territorial por entender que "no es el momento más sensato" para ponerla en marcha, con los ex consellers de la Generalitat en la cárcel. No obstante, admitió que en una comisión de estas características deberían estar todos los grupos.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dejó abierta la puerta a incorporarse más adelante porque "abrir una puerta al diálogo siempre es positivo".

Más pesimista, la portavoz de Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, afirmó que la comisión no tiene recorrido "a no ser que sea en sentido negativo" y auguró incluso que puede suponer una "regresión" del Estado de las autonomías.

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