El Gobierno guardó silencio sobre la imputación de la infanta Cristina, que ha sido aceptada e incluso bienvenida por la oposición y otros colectivos por entenderla como una muestra de que la justicia es igual para todos.

El Gobierno y el PP optaron por no comentar la decisión judicial, mientras que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayaba que la imputación demuestra que la justicia en España "es igual para todo el mundo".

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, celebró la decisión y señaló que "sueña con un país" lleno de jueces como el del caso Nóos. "Tal vez con esto se pueda hacer bueno lo que dijo el Monarca que todos somos iguales ante la ley", añadió.

De ese mensaje navideño del Rey también se acordó ayer la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila: "Por fin se cumple aquella máxima, enfatizada por el jefe del Estado, de que la Justicia es igual para todos y para todas, aunque debamos lamentar que tardase tanto en manifestarse", asegura en un comunicado.

La líder de UPyD, Rosa Díez, exigió a la Casa del Rey que cese las actividades de la infanta Cristina y que su defensa no la paguemos todos. "Exigimos que la Casa del Rey haga con la Infanta lo mismo que pedimos a los partidos para sus cargos: que la separe temporalmente de todo tipo de actividad y que su defensa no la pague con fondos públicos", manifestó Díez en declaraciones a Europa Press.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reclamó por su parte que en un Estado de derecho todos los ciudadanos deben ser tratados con igualdad, por lo que pidió que la Corona no tenga "ningún tipo de privilegio asociado". "El ordenamiento jurídico establece de manera clara la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", insistió Esteban, que reclamó que la institución monárquica sea tratada igual que el resto.

El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ve en la imputación un "nuevo argumento" para el "pueblo catalán" a la hora de pedir "la República Catalana" que defiende su partido.

EH Bildu consideró a su vez "lamentable" la recepción que "varios representantes políticos vascos" ofrecieron ayer por la mañana, con motivo de la inauguración de la planta de Coque de Petronor en Muskiz (Vizcaya), a la "presuntamente corrupta Corona española".

En un comunicado, la coalición abertzale censuró que el alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna, y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, "han participado del vergonzoso espectáculo protocolario al que obliga la propia realeza española", en referencia a la asistencia al acto de inauguración del Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón.

Manos Limpias, personada en la instrucción del caso Nóos como acusación particular, se congratuló de que "se haya cumplido el precepto constitucional" de que "todos los españoles son iguales ante la Ley".

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, consideró que la imputación de doña Cristina evidencia que la ley se aplica a todos los ciudadanos por igual "sin importar su condición".

El ex secretario general de Sanidad y portavoz del PSOE en la comisión del ramo del Congreso, José Martínez Olmos, consideró por su parte que la imputación de la Infanta contribuye a incrementar el "descrédito" de la Monarquía y se mostró seguro de que en España la República "cada vez está más cerca".