El PSOE plantea en el Congreso las expropiaciones forzosas de casas a la banca

  • Los socialistas denuncian que el PP haya alterado la iniciativa popular presentada sobre desahucios. El Gobierno defiende su norma frente al plan de Andalucía.

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El Grupo Socialista en el Congreso ha recogido el texto íntegro de la Junta de Andalucía autorizando las expropiaciones forzosas del uso de vivienda propiedad de personas jurídicas durante tres años en caso de desahucio de familias en situación de vulnerabilidad, y lo ha presentado como enmienda del proyecto de ley Antidesahucios que actualmente está en tramitación parlamentaria.

La responsable socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha explicado en rueda de prensa que entre las propuestas de modificación del PSOE al proyecto de ley de Deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social -resultado de la fusión del proyecto de ley del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular de dación en pago- se cuenta una que recoge literalmente la medida aprobada esta semana por Andalucía. En concreto, la enmienda prevé que la cobertura de las necesidades de vivienda de los ciudadanos sea declarado "interés social", previendo así la posibilidad de expropiación forzosa del uso de la vivienda por un plazo máximo de tres años, cuando la propiedad sea de una entidad financiera, filial inmobiliaria o entidad de gestión de activos. Transcurrido ese tiempo, la propiedad recuperará el uso de la vivienda. Los beneficiarios de esta posibilidad deberán ser deudores de buena fe cuyas circunstancias económicas hayan variado sustancialmente en los últimos años -que la carga hipotecaria sobre los ingresos familiares se haya multiplicado por 1,5-, que destinen al menos un tercio de sus ingresos a pagar la vivienda, siempre que no superen en tres veces al Iprem. Además, debe tratarse de la vivienda habitual y la única en propiedad de la unidad familiar, y ha de constatarse que el lanzamiento "puede generar una situación de emergencia o exclusión social" mediante informe de los servicios sociales del municipio.  De hecho, aunque los expedientes se resolverán en orden de registro, se dará prioridad a los casos en que el lanzamiento sea inminente o aquellos de "especial vulnerabilidad", como son las familias con menores de edad, mayores dependientes, discapacitados, víctimas de violencia de género o parados sin prestaciones, así como quienes tengan una vivienda con protección pública. Los beneficiarios deberán, no obstante, contribuir al pago del justiprecio en cuantía no superior al 25% de sus ingresos ni a la cuantía del justiprecio. La medida se aplicará a las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la ley siempre que no haya habido aún desahucio, o en aquellos en que la vivienda siga estando vacía.

Además, los socialistas también recuperan vía enmiendas las previsiones de la Junta de Andalucía de sancionar a las entidades financieras que tengan viviendas vacías y exigir que el Gobierno incorpore al Plan Estatal de Vivienda 2013-16 las medidas oportunas para que las comunidades autónomas adopten actuaciones "eficaces" que aseguren el cumplimiento efectivo del destino de las viviendas al uso habitacional. "Estas medidas son jurídicamente correctas, políticamente valientes y socialmente justas. Hay quien entiende el uso público de las expropiaciones y quien quiere defender el uso privado con recursos jurídicos, pero los servicios jurídicos de la Junta han analizado la medida y nosotros entendemos que es correcta y que no hay dudas jurídicas", ha defendido Iglesias.

A renglón seguido, ha mencionado otras dos propuestas de cambio que ha registrado el PSOE para evitar, por una parte, que las personas desahuciadas tengan que pagar impuestos por unas supuestas plusvalías y que sean las entidades financieras las que hagan frente a esa obligación; y que el Gobierno elabore estadísticas periódicas del número de viviendas vacías, las ejecuciones presentadas y los lanzamientos, así como que promueva la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas en las comunidades autónomas.

Finalmente, otras tres enmiendas de los socialistas -que mantienen no obstante todas las propuestas de modificación que presentaron en su día tanto al proyecto de ley del Gobierno como a la iniciativa ciudadana- piden la retirada del texto definitivo y la recuperación de las dos propuestas originales. Según el PSOE, el texto redactado por el PP supone "un fraude del procedimiento reglamentario" ya que se ha "alterado profundamente el contenido" normativo de la ILP hasta "hacerlo desaparecer" en lo que califican de "desprecio" a la voluntad de los ciudadanos y también del Congreso, que aprobó su admisión a trámite por unanimidad. "Haremos un voto particular para rechazar este fraude, estas artimañas del PP que ha sumado los dos textos para que desaparezca la iniciativa popular. Denunciamos este procedimiento de desconcierto, desinformación y engaño, y pedimos la recuperación de los dos textos originales. El PP ha hecho un auténtico 'escrache' a la ILP con un procedimiento tramposo", ha criticado la extremeña. Además, el próximo martes los socialistas volverán a pedir a la Mesa del Congreso que el proyecto de ley definitivo sea debatido en Pleno y no que la Comisión de Economía pueda aprobarlo con competencia legislativa plena. El mismo martes también se celebrará una nueva sesión de Ponencia, mientras que el debate y aprobación del dictamen se prevé para el jueves o, como muy tarde, para el martes 23 de abril. Después, la norma será enviada al Senado.

El Gobierno defiende su norma

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la norma aprobada por el Ejecutivo para evitar los desahucios y ha retado a la Junta de Andalucía a que explique qué aporta su iniciativa de expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha considerado que debe ser la Junta de Andalucía quien explique qué añade la norma autonómica al decreto aprobado por el Gobierno que ya paraliza el desahucio. "Tras ese decreto -ha explicado la vicepresidenta-, las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad en los términos que establece la ley", es decir, que estén en riesgo de exclusión social, "no pueden ser sacadas de sus casas durante dos años".

La vicepresidenta ha señalado que la norma andaluza habla de expropiar temporalmente las viviendas para evitar los desalojos de personas en riesgo de exclusión social y ha recordado que son precisamente esas personas las que no pueden ser desahuciadas, según se establece en el decreto aprobado por el Gobierno, "una norma con rango de ley nacional". Es más, ha destacado que los criterios que utiliza la Junta de Andalucía para considerar a una familia en riesgo de exclusión social son los mismos que los del Estado, que los ingresos de esas personas o unidades familiares no superen 3 veces el Iprem, es decir, 1.597,53 euros mensuales, lo que equivale a 19.170 euros anuales. Pero el real decreto va mas allá, ha recordado, ya que dice que el límite podrá ser de hasta cuatro o cinco veces "en casos de especial vulnerabilidad". Por eso, la Junta tendrá que explicar "qué añade eso a una norma que ya impide el lanzamiento y que lo paraliza inmediatamente, sin necesidad de un complejo procedimiento de expropiación forzosa en que hay que pagar "un justiprecio de uso". Y quien tiene que pagarlo, ha continuado, es precisamente la persona que se queda en la vivienda (con el límite del 25% de sus ingresos) cosa que no ocurre en la prohibición de lanzamiento que fija el Estado.

Por otro lado, ha dicho, la Junta somete esta medida a que existan "disponibilidades presupuestarias" y en el caso del Estado, la prohibición del alzamiento es directamente por la ley "sin procedimiento administrativo y sin justiprecio". Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno ha aprobado un fondo social de vivienda para que los desahuciados "puedan tener una vivienda a un precio razonable". También ha asegurado que "nos consta que tienen viviendas de protección oficial vacías", lo que a su juicio sería un mecanismo "más ágil y mas rápido" que la expropiación forzosa, pero "lo tendrán que explicar".

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