El empresario andorrano Fidel Pallerols ingresó ayer en prisión después de que la Audiencia de Barcelona rechazara su último recurso tras ser condenado a siete meses, junto al ex secretario de organización de UDC Vicenç Gavaldà, por desviar ayudas públicas de las que se lucró el partido.

Según fuentes cercanas al caso, Pallerols ingresó por la mañana en el centro penitenciario de Figueras (Gerona). La Audiencia de Barcelona rechazó el jueves conmutar por trabajos en beneficio a la comunidad la condena de siete meses de cárcel a Pallerols y Vicenç Gavaldà, que desde hace dos semanas ya está entre rejas.

Pallarols y Gavaldà fueron condenados a siete meses de prisión cada uno por el desvío de subvenciones públicas del caso Pallerols, una trama de la que se lucró UDC, y la Audiencia de Barcelona ordenó el mes pasado su ingreso inmediato en prisión, después de que el Gobierno les denegara el indulto. Sin embargo, cuando Gavaldà ya estaba en la cárcel, los dos condenados pidieron que se les conmutara la pena por trabajos en beneficio a la comunidad, a lo que se avino el fiscal, al tratarse los condenados de delincuentes primarios y por haber transcurrido 15 años desde que finalizó "la secuencia delictiva que sustenta la condena".

Por el contrario, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona denegó esta petición argumentado que Pallerols ya había pedido que se le sustituyera la pena de cárcel por la de una multa, lo que también se le denegó, por lo que la sala incluso podría haber rechazado la admisión a trámite de su petición.

El fiscal, que también apoyó la petición para que se conmutara la pena de cárcel, ya se manifestó en su día a favor de que se suspendiera la entrada en prisión de Gavaldà y Pallerols por ser inferior a dos años su condena.

Los miembros de la trama, entre los que figuran ex altos cargos de Unió, alcanzaron in extremis en enero de 2013 un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, a las puertas del juicio, en el que aceptaron que desviaron fondos de la UE destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano. El pacto fue posible después de que la Fiscalía, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta cinco años de prisión, rebajase su petición inicial para cuatro de los acusados, retirase los cargos a otros dos y redujera las indemnizaciones que planteaba en un principio. UDC aceptó devolver, de forma solidaria con el resto de procesados, los 385.000 euros desviados de subvenciones entre 1994 y 1999.