La debilidad parlamentaria del PP puede llevar a que se forme una comisión de investigación sobre el rescate bancario después de que el Tribunal de Cuentas haya cifrado en 60.718 millones de euros las ayudas al sector financiero. Ciudadanos y Unidos Podemos solicitaron primero la creación de dicha comisión y Rivera pidió a los populares y socialistas que no la impidieran. Posteriormente, el PSOE se ha mostrado dispuesto a secundarla.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, el líder de C's, Albert Rivera, ha exigido la creación de la comisión para investigar "qué ha pasado, quienes son los responsables del agujero y qué han hecho los órganos supervisores", como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España o los sucesivos ministerios de Economía. Rivera ha denunciado el "escándalo" que supone el "agujero" de 60.000 millones derivado del rescate a las cajas de ahorro que "los políticos hicieron quebrar", ya que finalmente "los españoles pagaron con impuestos y recortes, y lo siguen haciendo".

Asimismo, Unidos Podemos, que cuenta con dos representantes en la Mesa del Congreso, ya tiene registrada una comisión de investigación sobre el rescate bancario, siguiendo la petición que IU formuló en 2013. Su creación deberá votarse en el Pleno del Congreso cuando la Junta de Portavoces decida que se debata.

En cualquier caso, Rivera espera que el PP y el PSOE "no bloqueen la investigación de este agujero tremendo que hay en el bolsillo de los españoles", ya que la comisión devolvería a los ciudadanos el "esfuerzo" realizado y "las explicaciones que merecen".

En la solicitud para abrir la comisión de investigación, Ciudadanos señala que tendrá por objetivo investigar las responsabilidades políticas que pudiesen derivarse por aquellas decisiones y actuaciones en el ámbito de la gestión de las entidades financieras, y en particular de las cajas de ahorro, que por acción u omisión hubiesen motivado o agravado la necesidad de su posterior rescate.

También busca investigar las responsabilidades políticas que pudiesen apreciarse por parte de las autoridades públicas y de los organismos de supervisión en la gestión del proceso de reestructuración financiera.

En el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado por acuerdo del Pleno de la Cámara, la comisión la elevaría, en caso de ser aprobada, al Pleno del Congreso para su aprobación el dictamen en el que figuren sus conclusiones.

En la solicitud el partido naranja recuerda que la reordenación del sector financiero ha supuesto una importante concentración de entidades y reducción de capacidad instalada, de forma que quedan 18 de las 60 entidades entre bancos y cajas que había antes de la crisis. Además, se ha reducido un 27% del empleo en el sector y en un 32% la red de oficinas.