Puntilla judicial al 'procés'

  • Llarena envía a prisión a Turull, candidato fallido a la investidura, a otros tres ex 'consellers' y a Forcadell

  • El juez del TS procesa a 25 de los 28 investigados por los delitos de rebelión (13), malversación y desobediencia

  • Marta Rovira da la sorpresa antes de la vistilla en el Supremo al desmarcarse de sus compañeros y huir a Suiza

Jordi Turull se despide emocionado de su mujer. Jordi Turull se despide emocionado de su mujer.

Jordi Turull se despide emocionado de su mujer. / EFE

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La abstención de la CUP que frustró el jueves la investidura de Jordi Turull, el candidato de Junts per Cataluña (JxCat) el jueves fue el gran mazazo político al procés, al que los antisistema ya dan por muerto, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le dio este viernes la puntilla judicial al enviar a prisión al propio candidato fallido, a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y a tres ex consellers tras procesar a 25 de los 28 investigados, 13 de ellos por rebelión, entre ellos Marta Rovira, que ha huido a Suiza.

El magistrado sienta las bases de su acusación contra la cúpula del proceso soberanista a partir de dos conceptos clave: hubo violencia alentada desde las instituciones en el camino hacia la independencia y ese plan no ha sido desactivado por el artículo 155 de la Constitución, sino que permanece "latente" a la espera de reactivarlo cuando sea posible.

Así lo plasmó en su auto de procesamiento y esos principios fundamentan su auto de prisión dictado contra Turull, Forcadell y los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, pues justifica esa medida en el riesgo de que vuelvan a delinquir y en el de que se fuguen (agravado por la huida de Marta Rovira). El procesamiento de la cúpula del procés por rebelión y las órdenes de prisión son un primer paso a su suspensión como diputados, medida que el juez tomará próximamente si el auto se convierte en firme, es decir, si se rechazan sus recursos. Los procesados tienen tres días para recurrir ante el juez y cinco en apelación ante la Sala del Supremo.

El juez atribuye ese delito (penado con hasta 25 años de prisión) a nueve integrantes del Govern que promovió el 1-O y la declaración unilateral de independencia: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa.

También a Marta Rovira, a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El magistrado los considera el núcleo duro del procés y les achaca distintas responsabilidades en una estrategia "criminal" en la que sabían que sus acciones podían desatar "el fanatismo violento de muchos de sus seguidores".

De hecho, recuerda que los Mossos advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn que el 1-O habría "una escalada de violencia" y aún así lo mantuvieron.

Días antes, el 20 de septiembre, se produjo un acoso a la Conselleria de Economía que el juez compara con "una toma de rehenes mediante disparos al aire".

El que hubiera violencia en el intento de conseguir la independencia por la vía unilateral es un requisito imprescindible para el procesamiento por rebelión y el juez defiende con contundencia que así ocurrió. Y sospecha que ese plan no ha quedado desactivado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que los encausados pretenden retomarlo cuando se desactive.

El auto de procesamiento de este viernes incluye además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco ex miembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

También resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete ex consellers acusados de rebelión.

El juez cree que las ex dirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobediencia al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación. Por ese motivo, el juez no activa la orden de detención internacional contra Gabriel. El mismo delito atribuye a los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Además, Llarena fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce ex miembros del Govern procesados.

Dictado ese auto y celebrada la vista de medidas cautelares, el juez Llarena, de acuerdo con el criterio del fiscal, envió a prisión a Jordi Turull en la víspera del pleno del Parlamento catalán en la que se iba a votar hoy por segunda vez su investidura como presidente de la Generalitat.

Junto a él, han vuelto a la cárcel de Estremera Raül Romeva y Josep Rull y a la de Alcalá Meco Carme Forcadell y Dolors Bassa (quienes no han esquivado la prisión a pesar de haber renunciado este viernes a su escaño).

En el auto de prisión, el juez aprecia "un grave riesgo de fuga" de los procesados y de que vuelvan a delinquir, y se remite a su actuación pasada, cuando incumplieron las decisiones del Constitucional "de manera contumaz y sistemática durante los últimos años".

Llarena no procesa a Mas pese a citarlo varias veces

El juez del Supremo Pablo Llarena ha dejado deja fuera del proceso al ex presidente de la Generalitat Artur Mas (pese a que le cita varias veces en el auto), a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

No obstante, a Mas le espera un calendario judicial intenso a lo largo de las próximas semanas. El ex president ya fue procesado y condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debido a su papel en la consulta independentista del 9-N. El TSJC le impuso una inhabilitación de dos años para ejercer cualquier cargo pública y ahora la condena está pendiente de ratificación por parte del Supremo.

También debe encarar el proceso del Tribunal de Cuentas, que ordenó hace pocas semanas el embargo de su vivienda en Barcelona para hacer frente a parte de la fianza de 5,27 millones de euros que le impuso en la causa por el mal uso de fondos públicos en el 9-N.

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