Prisión incondicional para el guineano Severo Moto por tráfico de armas de guerra

  • Un empresario catalán financió el envío de armamento a Guinea después de ofrecerle el político opositor trato de favor

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó ayer prisión incondicional sin fianza para el político opositor ecuatoguineano Severo Moto por un supuesto delito de tráfico de armas de guerra financiado por un empresario catalán con destino a Guinea Ecuatorial.

Según explicó el magistrado en el auto de prisión, la detención de Moto hace dos días en Fuensalida (Toledo) se produjo a raíz del arresto, el 5 de marzo, del hombre de confianza de Moto, Damián Motu Ngema, alias Muti, que fue detenido en el puerto de Sagunto con un vehículo en cuyo interior estaban ocultos dos fusiles, una pistola, diversa munición y un cargador de pistola.

El juez, que adoptó su decisión a instancias de la fiscal Blanca Rodríguez, señaló que el opositor ecuatoguineano habría planificado el envío de dichas armas a su país de origen "contando con la ayuda financiera y logística" del empresario catalán Francisco Javier Roselló Sumoy y la "operativa" de Antonio María Nogués, así como la de Muti, quienes se encuentran encarcelados.

Para llevar a cabo esta operación, apunta el auto, los implicados adquirieron el vehículo a través de un ciudadano andorrano, que lo habría desplazado a Cataluña, en donde se mantuvo hasta que lograron adquirir las armas, tras lo que Damián Motu se encargó de ocultarlas en el propio coche. Motu llevó el coche desde la localidad tarraconense de Riudoms hasta las instalaciones del Puerto Marítimo de Sagunto y allí se encargó de contratar el transporte hasta Guinea Ecuatorial, lo que hizo a través de la compañía Best Cargo Service S.L.

El auto añade que Nogués -hombre de confianza de Roselló- fue la persona encargada por Moto para trasladar el vehículo, a bordo de una grúa, desde donde lo tenían oculto hasta el puerto con el fin de ser embarcado. El dinero para realizar estas operaciones, según señala el magistrado, lo habría proporcionado Roselló, a quien Moto habría prometido un trato de favor en explotaciones empresariales en caso de llegar al poder en Guinea Ecuatorial.

"De las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que Moto no sólo era plenamente conocedor de la compra y envío de las armas a Guinea Ecuatorial, sino que él mismo coordinaba y daba instrucciones a los demás implicados a fin de realizar dicho tráfico", subraya.

Para el juez, los "indicios racionales" contra Moto se derivan de la declaración de uno de los imputados, que dijo que "era el máximo responsable de los hechos". El auto indica que Moto, calificado de "verdadero impulsor" de los hechos, no pudo dar una "explicación razonable" sobre el sentido de sus "numerosas" conversaciones con Roselló y dice que "es muy difícil creer que una persona hable a otra en un lenguaje convenido y ésta responda con total naturalidad para luego declarar que no entendía nada de lo que se le decía".

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