El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que la dificultad que tienen las Fuerzas de Seguridad a la hora de desencriptar la información localizada en los ordenadores del jefe del aparato militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, es "siempre normal" en las labores antiterroristas.

El responsable del Interior añadió que desconoce el posible malestar de la juez francesa Laurence Le Vert por la publicación en España de una foto del jefe de los comandos de ETA. "No me consta semejante cosa", respondió. Asimismo, eludió comentar las imputaciones de la magistrada francesa hasta que lea el auto judicial en su totalidad. Al mismo tiempo, indicó que Txeroki y su compañera también detenida, Leire López Zurutuza, serán entregados a España cuando así lo decidan las autoridades judiciales del país vecino. Finalmente, recordó que la Fiscalía ha pedido la entrega temporal del ex jefe militar de ETA para que responda a las 22 causas pendientes que tiene en los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

Que las pesquisan sean lentas no implica que no se conozcan nuevos datos. Txeroki se jactó ante los dos responsables del comando Navarra de que la Policía sabía perfectamente qué etarras participaron en el doble crimen de Capbreton porque "se habían tenido que ir a la carrera, dejando numerosas huellas en el lugar", informaron fuentes de la investigación. La juez Le Vert procesó a Aspiazu Rubina, entre otros delitos, por "dirección de un grupo con el objetivo de preparar un acto de terrorismo", en relación con el crimen de Capbreton. Sin embargo, no alude a la presunta autoría material. La magistrada ha solicitado pruebas de ADN y huellas para determinar si el jefe militar de ETA estuvo realmente aquella mañana en la cafetería Leclerc de Capbreton. Txeroki y su compañera, Leire López, fueron enviados a prisión tras el interrogatorio. Tanto el jefe militar de ETA como López se negaron a responder a las preguntas de la juez francesa.

Mientras, la banda se hace notar, aunque con menos contundencia de la acostumbrada. La noche del jueves, ETA hizo estallar un artefacto cargado con entre 6 y 8 kilos de amonal que destrozó la instalación de un repetidor de telecomunicaciones ubicado en el monte Arnotegi, en los alrededores de Bilbao, el mismo lugar donde la organización terrorista había colocado una bomba hace nueve meses.

La explosión "pudo coincidir", según los datos que baraja el Departamento vasco de Interior, con otra potente explosión por una voladura controlada realizada a las 21:40 en las obras de la autovía conocida como Súper-Sur, en otro monte cercano. Esta circunstancia generó cierta alarma entre los vecinos de la capital vizcaína, que oyeron la explosión de la voladura controlada, y mucha confusión respecto a lo ocurrido, que no se aclaró hasta que, ya de día, se comprobó que se trataba de dos explosiones distintas.

Tampoco se detiene el frente judicial. Que Iñaki de Juana Chaos rinda cuentas ante la Justicia española por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo depende exclusivamente de la voluntad del juez de Belfast Tom Burgess. Así se lo hizo saber al magistrado británico el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en las alegaciones remitidas a Reino Unido en respuesta a la petición de aclaración realizada por Interpol Londres, la Fiscalía de la Corona y el propio juez británico.

Velasco recuerda a su colega que, en aplicación del artículo 5 del Convenio sobre la Prevención del Terrorismo, aprobado por el Consejo de Europa en 2006, "tiene la potestad" de autorizar la entrega si lo considera oportuno.