El laberinto catalán sigue llenándose de sombras, aunque la más alargada, la del líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, empieza a menguar tras anunciar ayer en un vídeo difundido a través de las redes sociales que renuncia "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, propone el nombre de Jordi Sànchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva. Puigdemont oficializa así lo que era un secreto a voces desde hace semanas: que estaba preparando desbloquear la legislatura dejando paso, en primera instancia, a Jordi Sànchez, a quien definió como "un hombre de paz, injustamente encerrado en una cárcel española".

Así, Puigdemont pidió al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie lo más pronto posible una "ronda de contactos" para proponer a Sànchez como "nuevo candidato como presidente del Gobierno autonómico", lo que puede desencadenar más tensión con el Ejecutivo, ya que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el martes que es "difícil" pensar en un presidente autonómico que esté "en prisión". "Ahora Madrid no tendrá ninguna excusa para continuar la política de ocupación de nuestras instituciones, no habrá ninguna excusa para que Madrid ignore nuestra voz, o no acepte nuestras decisiones o imponga una visión colonialista sobre nuestro futuro", dijo.

"Nuestras instituciones deben continuar gobernadas por el independentismo, y no por el autoritarismo del 155", añadió desde Bélgica, donde permanece huido de la justicia española por el proceso independentista. Tras ratificar su "firme voluntad de mantener la legitimidad de la república votada por los ciudadanos el 1 de octubre y ratificada por el Parlament" el día 27 del mismo mes, ha anunciado que en los próximos días convocará "a los miembros del Parlament a una reunión solemne para poder impulsar esta nueva etapa y establecer el Consejo de la República para que lidere el camino hacia la independencia efectiva".

Este Consejo de la República, que según consta en el preacuerdo de JxCat y ERC presidirá el propio Puigdemont, actuará "en estrecha colaboración con el Gobierno del interior y con los debates y movilizaciones" de la sociedad catalana "para culminar el proceso constituyente", que debe "fijar los valores republicanos en la base del nuevo país".

Puigdemont anunció además una "ofensiva política y jurídica internacional para que el Estado español no pueda continuar pisoteando" los derechos colectivos e individuales de los catalanes. En este sentido, explicó que un equipo de abogados internacionales presentó ayer en su nombre "una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas", para denunciar la "violación" de sus derechos.

Mientras tanto, en Barcelona, el Parlament aprobaba, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución que reivindica la jornada del 1-O y la legitimidad de Puigdemont como candidato a ser reelegido president, en un pleno cargado de tensión por las posibles consecuencias judiciales derivadas de esta iniciativa.

La resolución incorpora una referencia al 1-O, que ha generado polémica entre los grupos parlamentarios, y finalmente se descartó la enmienda de la CUP que planteaba "reafirmar" la Declaración Unilateral de Independencia aprobada el pasado 27 de octubre.

Ciudadanos anunció que presentará en los próximos días un recurso de amparo ante el TC, al considerar que, con la decisión de la Mesa de dar luz verde a las enmiendas de la CUP a la resolución de JxCat, se vulneraron los derechos de los diputados.

Además de la resolución independentista, el Parlament aprobó, con los votos en contra de Ciudadanos y PPC, una iniciativa de los comunes en defensa del modelo de escuela en catalán.