El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados este miércoles en el Parlamento catalán.

También reclama que el TC tome declaración a la Mesa de la Cámara para exigir responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado estas decisiones para admitir a trámite la ley del referéndum.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la presentación de este incidente por vulnerarse las distintas sentencias y autos del TC, especialmente la de febrero de este año que establecía "con absoluta claridad" la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista.

También ha avanzado que si la ley del referéndum se aprueba y "culmina este atropello de la democracia, por llamarlo de una manera fina" el Gobierno planteará un recurso de inconstitucionalidad" contra esta norma, del mismo modo que si el Gobierno catalán "sigue adelante" también se recurrirán las decisiones que tome.

Y en ese caso también se pedirá que se tome declaración a miembros del Gobierno catalán que participen en dichas decisiones y "se deduzca testimonio de particulares" contra quienes incumplan la ley.

La número dos del Gobierno ha defendido los pasos tomados porque considera que son la forma "más eficaz" de evitar que la ley del referéndum se incorpore al ordenamiento jurídico. Especialmente dura ha sido la vicepresidenta con los avisos que ha dado a Carme Forcadell.

Tras recordar que la presidenta del Parlamento catalán ya está encausada por el Tribunal Constitucional, y subrayar que es la principal responsable de ordenar el debate, Sáenz de Santamaría le ha advertido directamente que votar esta norma tendrá "graves consecuencias". "Lo que no sabe Forcadell es qué es una democracia y lo que demuestra es que bajo su mandato" en el Parlamento catalán "ha muerto la democracia", ha dicho la vicepresidenta.

Ha insistido además en que si finalmente se vota la norma, el Gobierno pedirá al Consejo de Estado el informe preceptivo sobre su constitucionalidad, tras lo cual presentará su recurso -acordado en el Consejo de Ministros- ante el TC.

En su comparecencia ante los periodistas en La Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que con las decisiones que está tomando el Gobierno está "defendiendo la ley en España y la democracia en Cataluña". "Hemos puesto en marcha todos los mecanismos constitucionales para parar esta barbaridad democrática", ha recalcado la vicepresidenta, quien ha señalado también que el Gobierno garantiza que "se mantendrá la dignidad de las instituciones" ante quienes actúan de la forma "más radical" imponiendo "el silencio y la amenaza".

Que "nadie dude", ha señalado, que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer. "Y lo haremos en cada momento", ha añadido.

"La mayor contundencia y urgencia posibles"

En el incidente de ejecución de sentencia, el Ejecutivo pide la nulidad de todos los actos acordados esta mañana en el Parlamento catalán y la deducción de testimonio a los cinco miembros de la Mesa que han permitido la tramitación de la ley del Referéndum.

El Gobierno solicita al tribunal, el cual no tiene previsto reanudar hasta mañana el pleno, que acuerde la tramitación "preferente y urgente" del incidente de ejecución para evitar que el Parlamento catalán vote una ley que constituye, afirma, un "burdo y grotesco ataque a la Constitución" y al propio TC. "De no anularse los acuerdos impugnados -precisa-, ello permitiría el debate y votación de una proposición de ley de Referéndum de autodeterminación, lo que supondría de forma palmaria y manifiesta la asunción de una función constituyente por parte del Parlamento catalán, extramuros de la Constitución y de los procedimientos de reforma en ella regulados".

Recalca que, en esta ocasión, no basta con declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que ésta debe ir acompañada de todas las medidas "que sean necesarias para evitar la continuación por la vía de hecho del Parlament del llamado proceso de secesión". El texto subraya que las decisiones del Parlament desatienden "de forma palmaria" los reiterados requerimientos (hasta en cinco ocasiones) hechos por el TC a la Mesa de esta institución en orden a cumplir lo resuelto por el propio tribunal. Asimismo, asegura que los acuerdos impugnados tienen por objeto un aspecto "de la máxima gravedad y trascendencia constitucional".

En concreto, explica que supone "permitir la ruptura con la Constitución española mediante la aprobación del instrumento normativo que sirva de cobertura a la convocatoria de un referendo sobre la independencia de Cataluña del Estado español y el proceso constituyente en su conjunto".

Además, considera que la novedad que aportan los actos parlamentarios de hoy en Cataluña es la mayor concreción en la ejecución del plan preciso para la secesión mediante la adopción de acuerdos parlamentarios que permiten el debate y la aprobación del instrumento normativo que dé cobertura a la preparación, programación, convocatoria y celebración de un referéndum unilateral.

Entiende que lo hace estableciendo los órganos encargados de llevarlo a cabo y que considera que son "un eslabón imprescindible" para la ley del referéndum.

El Gobierno subraya que las decisiones del Parlamento suponen una "inejecución palmaria" de diversas sentencias y autos del TC y eso conlleva su "nulidad intrínseca".