El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que acudir en persona a la Audiencia Nacional el próximo 26 de julio para testificar en el juicio de Gürtel y no podrá hacerlo, como había pedido, por videoconferencia, porque así lo ha decidido el tribunal.

La sección segunda de la Audiencia Nacional hizo pública su decisión en un auto en el que considera que Rajoy tiene que acudir como un ciudadano más porque no lo hace en calidad de presidente del Gobierno, y advierte de que los motivos alegados para pedir la videoconferencia -entre ellos las medidas de seguridad o razones de agenda por su cometido- "no son consistentes".

El auto rebate los argumentos expresados tanto por el abogado del PP, Jesús Santos, como por la secretaria de la Presidencia del Gobierno, María Rosario Pablos, en sus sendos escritos remitidos al tribunal para reclamar para Rajoy el formato de la videoconferencia.

"La comparecencia de los testigos ante el tribunal siempre ha sido y es una comparecencia física" y solo se pueden hacer excepciones cuando haya razones que prevalezcan sobre las ventajas de la presencia física, dicen los jueces, que creen que los motivos alegados por Rajoy "ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal (razones de fuerza mayor)".

El auto redactado por el juez Julio de Diego rechaza además el argumento de Rajoy de que desplazarse hasta San Fernando de Henares comportaría un despliegue importante de recursos públicos, ya que "el tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante únicamente por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kilómetros hasta la citada localidad".

Sobre las razones de seguridad aducidas, el tribunal reprocha a Rajoy que no explica cuáles serían esas medidas que tendrían que tomarse ni añade "mayor motivación o aclaración del porqué de dicha afirmación". "El tribunal tampoco comprende esta manifestación cuando la sede de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la Comunidad de Madrid, sedes donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones en otras ocasiones", añade el auto.

La Audiencia Nacional, abundan los jueces, tiene mucha más seguridad "que las existentes en mercados y otros foros populares donde el testigo también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales". Finalmente, la sala descarta el argumento de la apretada agenda del presidente, ya que "no es óbice para su comparecencia precisamente en función de su agenda".

Miembros del Ejecutivo como la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal mostraron su extrañeza por la decisión judicial, dado que hay precedentes en los que sí se ha permitido la videoconferencia, y hubo quien recordó que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas pudo hacerlo con ese método en el juicio por el asalto al Parlament en 2011.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, lamentó que preocupe más el "cómo" que el "porqué", cuando en su opinión la declaración de Rajoy en ese juicio es "absolutamente innecesaria" y el líder de su partido no tiene "nada que aportar" al caso.

Muy distinta fue la evaluación de la oposición, que celebró la decisión de la Audiencia. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se congratuló vía Twitter: "Buena noticia. No todo iba a ser vía plasma", escribió en su cuenta de Twitter.

La jueza y diputada socialista Margarita Robles señaló que la decisión del tribunal es "ajustada a derecho" y defendió que la "regla general" en estos casos es la declaración presencial. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, valoró que Rajoy no vaya a poder declarar "por plasma" para dar explicaciones sobre algunas de las "cosas graves" que han pasado en su partido. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue más allá y señaló que en cualquier país europeo un presidente en la misma situación "tendría que dimitir".