El juez Pablo Ruz ha denegado por tercera vez la puesta en libertad de Luis Bárcenas, en prisión desde el 27 de junio, tras hallar dos nuevas cuentas del ex tesorero del PP en Estados Unidos y entender que "a medida que avanza la investigación se ha acumulado en la causa un mayor caudal indiciario respecto del imputado". Ruz rechaza así en un auto notificado este martes la petición de libertad que el pasado 10 de marzo le hizo Bárcenas en una carta manuscrita remitida al magistrado, acompañada de un escrito de su abogado, Javier Gómez de Liaño. 

El magistrado, que considera que persiste el riesgo de fuga, de alteración de pruebas y de reiteración delictiva, ha tomado esta decisión tras hallar nuevas cuentas en Estados Unidos, que demuestran a juicio de Ruz que existe una "importante infraestructura patrimonial, más allá de los elementos ahora conocidos, de difícil y compleja incautación o control judicial". 

La documentación remitida por Estados Unidos "evidencia posiciones económicas en el extranjero vinculadas al señor Bárcenas y su familia, desconocidas hasta el momento", según destaca el auto. El magistrado hace referencia al descubrimiento de una cuenta en el Chase Manhattan Bank de Nueva York, abierta el 10 de noviembre de 2012 mediante un ingreso en efectivo de 5.000 euros y de la que son titulares el responsable de finanzas del PP y su mujer, Rosalía Iglesias. Esa cuenta percibió fondos de la sociedad de La Moraleja -propiedad de la familia del ex tesorero popular Ángel Sanchís-, entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, para pagarle los estudios al hijo de Bárcenas con un total de 19.120 dólares, según apuntó Ruz en un auto de octubre de 2013. 

La nueva documentación de Estados Unidos, aportada a Ruz, ha permitido descubrir dos nuevas cuentas en ese mismo banco, vinculadas a Bárcenas y a su familia y a donde se efectuaron presuntamente transferencias desde la citada cuenta vinculada a los estudios del hijo de Bárcenas. El juez estima que esta transferencia y las otras dos cuentas constituyen "un paso más en la operativa de blanqueo de capitales", que se atribuye a los señores Sanchís y al matrimonio Bárcenas, que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza. 

Las autoridades suizas remitieron en enero a Ruz información sobre una cuenta del Lombard Odier, a nombre de Rosalía Iglesias y gestionada por Bárcenas, y desde la que ella habría realizado transferencias al apoderado del ex tesorero en sus cuentas de Suiza, Iván Yáñez. El auto añade además que la documentación de la Agencia Tributaria remitida a Ruz evidencia también los intentos de Bárcenas de ocultar el verdadero titular y origen de las cuentas que el ex tesorero tenía presuntamente abiertas en las entidades Lindmel Internacional SA y Grupo Sur de Valores, por 3 millones de euros. 

Respecto a la cuenta manuscrita remitida por Bárcenas, en la que decía que estaba colaborando con la Justicia, Ruz opina que estar en prisión no debe "mermar en modo alguno" la colaboración que el imputado puede prestar aportando la nueva documentación que se le está requiriendo. Ruz todavía tiene pendiente de recibir documentación sobre la cuenta "obispado" de la entidad Lombard Odier, titularidad de Yáñez, y sobre la que Bárcenas habría mantenido capacidad de actuación y disposición, pudiendo haber ocultado fondos con transferencias a otras cuentas de su propiedad. 

Además, el juzgado de Ruz está pendiente de recibir información adicional sobre las cuentas abiertas en bancos de Uruguay, así como de la sucursal de Nassau con las que el imputado habría realizado operaciones desde sus cuentas suizas. También está pendiente de recibir informes sobre comisiones Rogatorias a Suiza, Reino Unido y Uruguay, con el objetivo de conocer la totalidad del patrimonio que el ex tesorero ocultaba. El juez considera que los riesgo de fuga, de alteración de pruebas y de reiteración delictiva deben de ser "neutralizados" con la prisión provisional del ex tesorero, al que se le imputan uno o más delitos de cohecho, siete contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales, uno o más de falsedad en documento mercantil y otro de estafa procesal en grado de tentativa.