SOS Racismo recogió 309 denuncias en 2016, la mayoría contra administraciones

  • La organización urge a aprobar una ley de Igualdad de Trato que persiga los "microrracismos" de la vida cotidiana

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Sos Racismo registra en su informe anual sobre Racismo en España 309 denuncias de ciudadanos, de las que 82 tienen que ver con el racismo institucional, 51 por conflictos y agresiones racistas y 46 de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según explicó ayer el secretario general de la Federación SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, estos casos muestran una fotografía de las situaciones de racismo y xenofobia que se producen en España "que trascienden el ámbito penal de los delitos de odio" y se sitúan en el día a día del ámbito de las relaciones privadas y públicas.

80%En tramitación de documentos. El racismo institucional y las quejas en los CIES se llevan la palma

Por ello, esta organización insiste en la urgencia de aprobar una ley de Igualdad de Trato y no discriminación que garantice esos derechos y persiga "esos microrracismos" que se dan en diversos ámbitos de la vida cotidiana de muchas personas.

El 80% de las situaciones de racismo institucional registradas en las seis oficinas de denuncia de SOS Racismo se produjeron en la tramitación de documentos de extranjería y de nacionalidad, seguidas de quejas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Respecto a las agresiones y conflictos racistas, casi la mitad se produjeron en el ámbito vecinal, seguidas del espacio público.

Además, del total de quejas 40 son por denegación de servicios privados -como a locales de ocio y restaurantes y alquiler de viviendas- y otras 39 son por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos -como asistencia sanitaria-.

La responsable de SOS Racismo en Cataluña, Alba Cuevas, destacó el aumento de situaciones de islamofobia tras los atentados el pasado mes de agosto en Cataluña, "sobre todo a través de las redes sociales".

La mayoría de las denuncias contabilizadas no siguen un recorrido en los tribunales; de hecho sólo 46 de ellas buscaron a través de la vía penal las responsabilidades. "Los denunciantes manifiestan expresamente que no desean seguir la vía de los tribunales u otras actuaciones ante la administración porque tienen miedo a contradenuncias, a no estar localizables si se inicia algún tipo de procedimiento o por desconfianza en el sistema", entre otros motivos, ha explicado Cuevas.

Para el portavoz en Madrid, Moha Gerehou, "el ámbito judicial no está preparado para estos casos", por lo que insistió en la urgencia de fijar a través de una ley integral estos derechos para que no haya dudas en su persecución.

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