La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado este martes la voluntad del Ejecutivo de extender "la cultura del pacto" a aquellas áreas que necesitan de acuerdos que "trasciendan los objetivos políticos y económicos", como el que ya se ha alcanzado en la lucha contra la violencia de género.

Sáenz de Santamaría ha abogado por seguir trabajando por llegar a acuerdos en las cuestiones que "inciden directamente en el futuro y en la vida de las siguientes generaciones", como la financiación autonómica, las pensiones y la educación.

Así lo ha afirmado en la clausura de la reunión de coordinación de los delegados y subdelegados del Gobierno que se ha celebrado en Santander y en la que se ha abordado, como uno de los asuntos centrales, la ejecución del pacto contra la violencia machista que firmaron el año pasado el Gobierno y las comunidades autónomas.

"No podemos considerar que la sociedad española es una sociedad avanzada hasta que nos hayamos librado de esta lacra terrible", ha subrayado.

La vicepresidenta ha destacado que el objetivo de todos los poderes del estado es "combatirla y erradicarla". "Y no vamos a escatimar esfuerzos", ha añadido.

Ha recordado que el Gobierno ha comprometido mil millones de euros adicionales en los presupuestos generales del Estado para los próximos cinco años para implantar las medidas que recoge el pacto, de los que cien millones se destinan a transferencias para los ayuntamientos, 500 para las comunidades y 400 para las medidas del ámbito estatal.

La vicepresidenta ha enfatizado el papel de las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en el desarrollo de las medidas del pacto y el trabajo "transcendental" de las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer.

"Se van a destinar los esfuerzos que sean necesarios para perseguir a los agresores, pero sobre todo para la prevención, el apoyo a las víctimas y la utilización de todos los recursos existentes para proteger a las mujeres en situación de riesgo y que se sientan acompañadas en los momentos más difíciles", ha garantizado.

Según Sáenz de Santamaría, la voluntad del Gobierno es que esa "cultura del pacto" pueda hacerse extensiva a otras áreas, a aquellas cuestiones, ha dicho, que "necesitan de acuerdos verdaderos que trasciendan objetivos políticos y económicos".

Al encuentro, que ha reunido a los 19 delegados y los 44 subdelegados del Gobierno de España, han asistido también el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.

En la jornada se ha analizado las novedades que introduce el plan de modernización y mejora de la administración periférica del Estado, que fue diseñado en Sevilla, en el primer encuentro de delegados y subdelegados del Gobierno.

Este programa culminará en 2022, con el objetivo de lograr una administración "más cercana a los ciudadanos, más moderna y más ágil", y lo que, a juicio de la vicepresidenta es más importante, con una presencia de la Gobierno de España en todo el territorio nacional porque "la vertebración es la prioridad".

Dentro de las inversiones previstas ya se han destinado 2,6 millones de euros a impulsar la administración electrónica y los presupuestos del Estado de 2018 incluyen una partida para el desarrollo de este plan de 2,8 millones.

Durante su intervención Sáenz de Santamaría ha subrayado también que las cuentas del Estado para 2018 son "decisivas" para seguir avanzando en el objetivo de lograr que en 2020 estén trabajando en España 20 millones de personas y ha señalado que este año ya se prevé crear 475.000 empleos.

Según la vicepresidenta, al Gobierno le hubiera gustado aprobar en 2012 unos presupuestos como los de este ejercicio. "Ahora que podemos, la prioridad del gasto es sobre todo social", ha afirmado y ha destacado que estas cuentas "mejorarán la renta de al menos 13 millones de españoles".

Ha recordado también que los presupuestos recogen ya alguna medida para hacer al desafío demográfico y la despoblación, que ha entrado por primera vez en la agenda política del Gobierno.