El Supremo rechaza indemnizar a la familia de Portero por no tener escolta

  • La viuda y los hijos del fiscal jefe del TSJA asesinado en 2000 por ETA acusan a la Policía de no prevenir el atentado

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de la familia del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado el 9 de octubre de 2000 por ETA, Luis Portero, que reclamaba la responsabilidad del Estado en el atentado por falta de protección y pedía una indemnización de 900.000 euros.

Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal en una sentencia que confirma la decisión de la Audiencia Nacional y la del Ministerio del Interior, organismo al que recurrió la familia en primera instancia reclamando responsabilidad patrimonial por parte del Estado en el asesinato.

A juicio de la familia, la viuda y los hijos del fallecido, existe relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración, "dada la conducta omisiva" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que "no adoptaron las medidas necesarias y precauciones permanentes" para evitar la muerte del fiscal jefe del TSJA, que en el momento del atentado no tenía escolta.

Interior desestimó la reclamación por lo que la familia interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional que fue rechazado por "extemporáneo" ya que se presentó dos días después de que finalizara el plazo para ello.

En este sentido, la viuda y los hijos de la víctima sostuvieron que la notificación no se realizó de la manera adecuada.

El Supremo da la razón a la Audiencia Nacional al estimar que los familiares "tuvieron perfecto conocimiento del plazo" en el que debían ejercitar el recurso y asegura que la extemporaneidad de éste "sólo es atribuible a la actitud" de los familiares, "sin que el defecto apreciado en la notificación haya supuesto indefensión para los mismos".

Daniel Portero, uno de los hijos del fiscal jefe asesinado, aseguró durante el juicio contra el etarra que presuntamente ordenó el atentado (Juan Antonio Olarra Guridi, que fue condenado a 30 años de prisión) que mientras su padre agonizaba "la propia banda terrorista llamó a casa para confirmar" que había muerto.

Según el testigo, las semanas anteriores a su muerte de su padre, éste "estaba muy preocupado y nervioso" porque "le habían denegado la defensa personal que él había solicitado al conocer que era objetivo de ETA".

Luis Portero tenía, según fuentes policiales, un servicio que lo acompañaba desde las proximidades de su domicilio hasta su despacho en la sede del TSJA por las mañanas. A mediodía, el fiscal jefe regresaba solo a casa, en coche oficial, aunque sin escolta.

La viuda de Portero, Rosario de la Torre, declaró que su marido solamente estaba incluido en un plan de contravigilancia, y que "había comentado en casa que se sentía inquieto, como si tuviera la intuición de algo".

Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, explicó ante el tribunal, presidido por el juez Fernando García Nicolás, que la noticia del fallecimiento de su padre fue "un mazazo" para toda su familia "que les hundió en un estado de shock" y les afectó "física y psíquicamente".

Portero relató, además, que un miembro de la banda terrorista "llamó a casa para confirmar el atentado y estuvo hablando con mi hermana Charo".

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