Las defensas del ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau han anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que recurrirán al Tribunal Supremo (TS) la condena por la consulta sobre la independencia del 9-N al considerar que, entre otras cuestiones, la sentencia vulneró varios artículos de la Constitución.

Según han explicado fuentes de la defensa, los abogados de los tres acusados -Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina-han entregado al TSJC sus respectivos escritos, prácticamente idénticos, que anuncian el recurso de casación ante el TS al concluir, entre otras cosas, que el fallo supone una "manifiesta vulneración de varios artículos" de la Carta Magna.

El escrito de la defensa de Ortega, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que la sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJC ha vulnerado la libertad ante la Ley, la libertad ideológica y de expresión y la libre participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, entre otros preceptos.

También sostiene que se han quebrantado varios artículos del Código Penal; que ha existido un "error grave" en la apreciación de la prueba, y que el tribunal no practicó una serie de diligencias pedidas por la defensa que consideran que eran pertinentes, siempre según el escrito que han presentado.

El fallo que les condena por desobediencia tiene defectos formales, manifiesta contradicciones y "omite cuestiones objeto de debate por la defensa y peca de escasa claridad en algunos efectos esenciales", siempre según el escrito presentado por el abogado de Ortega ante el TSJC.

El tribunal condenó a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia, a Ortega a un año y nueve meses y a Rigau a un año y seis meses, en el caso de las ex conselleras como colaboradoras necesarias.

La Fiscalía ya anunció que recurrirá ante el Supremo la sentencia, en su caso por no haberles condenado también por prevaricación, tal como el Ministerio Público reclamaba en su acusación, y que hubiese supuesto una condena de inhabilitación mucho mayor.