El Tribunal de Cuentas ha decidido este miércoles continuar con el juicio contable al ex presidente catalán Artur Mas por la consulta del 9-N de 2014, mientras que el Gobierno catalán ha advertido al Estado de que no podrá frenar el "tsunami democrático" del referéndum previsto para el 1 de octubre.

Tanto Mas como los ex consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega están siendo investigados para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para celebrar la consulta del 9-N.

Vistos los recursos de la Generalitat y los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de la Generalitat y ha emitido otro auto para anunciar que continúa el procedimiento mediante la designación de un delegado instructor, para que determine si debe pagar con su patrimonio los costes del proceso participativo del 9-N.

Los costes investigados incluyen los cerca de tres millones de euros invertidos para la adquisición de ordenadores empleados en las mesas de votación, los más de 828.000 para la campaña institucional, el millón de asesoría informática y los 308.000 euros por envío de información.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas considera que puede haberse producido "un posible menoscabo del erario debido a la adopción de decisiones de gasto y pago" sin el "suficiente respaldo normativo".