El ex ministro de Defensa, Federico Trillo, no será imputado en la causa abierta sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003, al no ver el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska indicios de criminalidad en su forma de actuar.

La imputación de Trillo había sido solicitada por la acusación que ejercen las familias de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente, pero ante la condición de aforado del ex ministro Marlaska decidió no resolver sobre esta petición y, en su lugar, la remitió al Tribunal Supremo para que éste se pronunciara.

El magistrado, sin embargo, se limitó a enviar al Alto Tribunal el escrito de la acusación particular y no -como es preceptivo- una exposición razonada dando cuenta de los indicios que él apreciaba en la conducta de Trillo para imputarle.

El Supremo le ha contestado esta mañana que, sin esa exposición, la sala de lo penal está "imposibilitada legalmente" para decidir sobre la cuestión y ha requerido a Marlaska para que detallara los indicios contra Trillo, pero éste se ha apresurado a responder que no ve ninguno.

Así las cosas, el ex ministro de Defensa -a quien las familias de las víctimas acusan de los delitos de imprudencia con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental- no será finalmente imputado en la causa, ya que el Supremo no actuará si Marlaska no ve indicios contra él y el juez ya ha dejado claro que, en su opinión, no los hay.

A esta circunstancia se suma el hecho de que, el próximo lunes, se cumple el quinto aniversario de la catástrofe y también el plazo previsto de cinco años para la previsión de los delitos que la acusación imputa a Trillo.

Los familiares consideran que existen "hechos objetivos" para acordar la imputación de Trillo, entre ellos que Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes.

Por su parte, fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han señalado que Grande-Marlaska considera que no consta que el ex ministro tuviera ningún papel en la contratación del avión y que, en cualquier caso, si en el futuro aparecen nuevas responsabilidades serían atribuibles al Estado Mayor Conjunto (Emacon).

Estas fuentes han añadido que, no obstante y a pesar de que la ausencia de indicios le había llevado a archivar la causa en junio de 2007, el magistrado optó por enviar la solicitud de imputación de Trillo al Tribunal Supremo.

El pasado martes, Grande-Marlaska imputó por estos hechos a cinco militares que formaban parte de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos.

Se trata de los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, y jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta Manella; y de otros tres responsables de este departamento: el contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel Joaquín Yañez Gozález y el comandante Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

El magistrado tiene abierta otra causa en la que investiga los errores cometidos en la identificación de los cadáveres.