La desarticulación del comando Vizcaya ha evitado una larga campaña de atentados y asesinatos que ETA tenía pensado perpetrar en los próximos meses, especialmente intensa en Andalucía, en el punto de mira de la dirección etarra. Así se desprende del auto que dictó ayer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que mandó a prisión a siete de los presuntos miembros y colaboradores del comando más activo y peligroso desde que la banda anunciara el final de la tregua, el 6 de junio de 2007.

En su auto, el magistrado, que ha dirigido la investigación de la operación de la Guardia Civil, asegura que ETA planeaba una cadena de atentados en lugares de ocio, centros comerciales y hoteles de Andalucía a partir del próximo mes de agosto.

De hecho, el pasado mes de junio, el presunto jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, ordenó al jefe del comando Vizcaya, Arkaitz Goikoetxea, uno de los siete etarras a los que Garzón encarceló ayer, y a Asier Borrero -un liberado del grupo que se encuentra huido- que prepararan una campaña de atentados contra intereses turísticos en la costa andaluza. En su declaración ante el juez el pasado sábado, Goikoetxea confesó que recibía órdenes directas de Txeroki.

Según el auto del juez, para perfilar y planificar la cadena de atentados en Andalucía, Txeroki había concertado una cita en Granada entre Goikoetxea y Borrero, que se desplazarían juntos al lugar, para recibir instrucciones de una tercera persona sobre las acciones concretas. La fecha fijada por Txeroki era el 15 de agosto.

Fue precisamente el jefe militar de ETA quien formó el comando Vizcaya en febrero de 2007. Según el auto, el comando estaba constituido en un primer momento por Goikoetxea y Jurden Martitegi -huido-, a los que se unió el pasado mes de abril Olga Comes, detenida en Francia el pasado viernes junto a Asier Eceiza, uno de los responsables del aparato militar de ETA y uno de los etarras más buscados.

Además de en Andalucía, los miembros del comando desmantelado contaban con vasta lista de objetivos materiales y humanos repartidos por el territorio nacional. Entre ellos, la tentativa de atentar contra una patrulla de la Ertzaintza en el Puerto Viejo de Algorta, durante las fiestas de la localidad vizcaína.

La dirección de ETA ordenó también al comando realizar seguimientos al senador del PP por Álava, Ramón Rabanera. En el punto de mira de los terroristas estaba también el cuartel de la Guardia Civil y el museo militar en Burgos, la sede del PP de la localidad vizcaína Guecho, dos sedes del PSE en Vizcaya, empresas relacionadas con la Alta Velocidad, tres comisarías de la Ertzaintza en Vizcaya y un juzgado, también en la misma provincia.

El auto del juez Garzón detalla también otros de los objetivos que habían trascendido durante la investigación, como los planes de secuestro y asesinato del concejal del PSE de Eibar Benjamín Atutxa, vigilado entre octubre de 2007 y abril de 2008 por la etarra Comes. Las jeringuillas y los sedantes hallados en el zulo riojano de Pazuengos, uno de los tres con los que contaba el comando Vizcaya, iban a ser empleados para mantener sedado al concejal durante su secuestro y para después acabar con su vida en un par de días, según recoge el escrito.

En cuanto al frustrado atentado contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, se detalla que ETA pensaba utilizar una bomba accionada por cable para burlar los inhibidores.

Txeroki ordenó a Goikoetxea y Martitegi que cometieran el atentado en Ezcaray (Vizcaya), lugar de descanso del juez y escondite de parte del comando, pero no lo ejecutaron porque el magistrado no regresó a la zona.