La UE da el penúltimo paso para armonizar la política migratoria

  • La última palabra la tiene el Parlamento Europeo una vez que los ministros de Interior de los Veintisiete han dado luz verde a la Directiva de Retorno

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Después de tres años de intensos debates, ya sólo queda la ratificación del Parlamento Europeo, que tampoco se vaticina sencilla. Los ministros de Interior de la Unión Europea cerraron ayer el texto final de la directiva que armoniza los procedimientos de repatriación de inmigrantes irregulares, cuyo punto más polémico es el que permite la retención en centros de internamiento de los sin papeles hasta un máximo de 18 meses.

El objetivo principal de la Directiva Europea de Retorno, que, de ser aprobada este mes por el Parlamento Europeo, entrará en vigor en 2010, es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros de la UE a la hora de repatriar a los inmigrantes irregulares. En la actualidad, cada país puede obrar como mejor le parezca y aplicar los plazos de retención que considere oportunos. De hecho, hoy por hoy, hasta nueve países (Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia) no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes en centros de internamiento.

Estos países que carecen de normativa sobre dicha materia se verán obligados a cambiar su legislación para introducir el nuevo límite de retención que establece la directiva. Éste es quizá uno de los aspectos más polémicos del texto, ya que establece un periodo máximo de 6 meses ampliable a 18 meses si existe falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir los respectivos países de origen. Además, la norma establece que "el internamiento podrá ser decidido por las autoridades administrativas o judiciales" y se exige un "control judicial lo más rápidamente posible".

Los embajadores de los Veintisiete resolvieron el miércoles el último punto pendiente, la cuestión de quién asume los costes de la asistencia legal de los inmigrantes. Varios países, encabezados por Alemania, Austria y Grecia, se negaban a que la asistencia jurídica gratuita fuera una obligación y se dejó la decisión en manos de cada Estado miembro. El Parlamento Europeo, sin embargo, es partidario de que se proporcione asistencia legal gratuita a los detenidos. Finalmente, la solución de compromiso es que se admite la posibilidad de la asistencia gratuita pero con una serie de salvaguardas.

Además, se establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida la entrada en la UE durante cinco años, aunque podrá evitar esa prohibición si deja el país voluntariamente en un plazo de entre siete y 30 días.

La delegación española, representada por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se felicitó por la aprobación de la directiva, cuyo efecto será mínimo porque el sistema vigente es ya, según Camacho, uno de los "más garantistas de Europa".

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