Los grupos parlamentarios del Congreso, con excepción del PP, han apoyado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explique este jueves ante la Cámara Baja la situación de las relaciones entre el Estado y la Iglesia tras las últimas críticas de los obispos al Ejecutivo.

La Diputación Permanente del Congreso ha debatido una petición de los grupos de IU-ICV y el PNV para que la vicepresidenta acuda a la Comisión Constitucional para informar del estado actual de las relaciones con la Iglesia católica, pero este requerimiento no se ha llegado a votar tras constatar los proponentes que Fernández de la Vega ya había solicitado comparecer a petición propia.

En nombre del grupo popular, la diputada Maria Salom ha explicado que su partido se habría abstenido en caso de haberse votado la cuestión. "No estamos interesados en que el Parlamento se convierta en un nuevo escenario de insultos del Gobierno hacia los católicos y a quienes defienden la familia", ha justificado.

Según Salom, en España se vive una "reacción" contra los católicos, "insultados y amenazados" por el Gobierno socialista y a los que se ha lanzado el mensaje de que "no sale gratis manifestarse contra el señor Zapatero".

A su juicio, para "imponer su proyecto radical y sectario" al Ejecutivo "le sobran muchos españoles", como los que votan al PP, las víctimas del terrorismo o incluso los católicos cuando "se manifiestan por sus convicciones" como el 30 de diciembre.

Sus palabras han tenido respuesta en el portavoz socialista, José Torres Mora, para quien los que "ponen en peligro nuestras libertades" no son los obispos, sino los diputados del PP, que pretenden "derogar las leyes que garantizan la libertad de todos para imponernos sus valores morales privados".

Además, ha acusado al PP de pertenecer a una "triste estirpe de la derecha española", que "en los momentos decisivos para nuestra patria, cuando ha tenido que elegir entre salvar su alma y salvar la patria, ha preferido salvar su alma y condenar la patria, la patria de las libertades".

Torres Mora ha destacado que los cardenales que acudieron a la plaza de Colón "son una cosa, y la comunidad católica, otra", ha defendido la coherencia del Gobierno al separar la religión y la política y ha remarcado que las leyes que repudian los obispos no obligan a ningún católico ni a casarse con una persona de su mismo sexo ni a divorciarse ni a abortar.

Precisamente, el acto del pasado 30 de diciembre en Madrid ha centrado la justificación de la petición de comparecencia defendida por el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares.

A su entender, el "ruido de purpurados" y la "asonada clerical" no han tenido aún respuesta adecuada por parte del Gobierno, sobre todo cuando se celebró con el "apoyo explícito" del jefe de un Estado extranjero, como es el caso del Papa Benedicto XVI.

En nombre del PNV, Josu Erkoreka ha considerado conveniente que a final de legislatura los grupos evalúen la actuación del Gobierno en su relación con la Iglesia.

Desde ERC, Joan Tardá ha advertido que al Gobierno no le ha servido "de nada" la "moderación" de la que ha hecho gala con la Iglesia porque al final ha sido atacado en un acto "bochornoso" como el de los obispos.

Francisco Rodríguez, del BNG, ha reprochado a la jerarquía eclesiástica que utilice la "agitación, la intoxicación y la mentira" en sus manifestaciones y ha hecho notar que "nunca hubo un trato tan favorable" a la Iglesia como el del actual Gobierno.

Jordi Jané, de CiU, ha eludido entrar en el debate puesto que el jueves tendrá lugar la comparecencia requerida.