Zapatero avisa a Berlusconi de que sólo con leyes no se frena la inmigración ilegal

  • El presidente español y el primer ministro italiano zanjan la polémica iniciada por De la Vega y reafirman su "amistad" · La vía del Gobierno se basa en la cooperación europea y con los países de origen

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, mantuvieron ayer un breve encuentro con el que ambos pretendieron dar por zanjada la crisis en las relaciones bilaterales por los cruces de declaraciones respecto a las medidas contra la inmigración de Italia. Zapatero insistió, no obstante, en la necesidad de coordinación europea y con los países de origen y advirtió que "una ley nacional" no basta para resolver el problema de la inmigración ilegal.

Tras media hora reunidos, ambos aseguraron que el encuentro había servido para demostrar la buena relación existente más allá de las declaraciones de algunos miembros de sus respectivos gobiernos. "Hemos aclarado que no hay nada entre nosotros, faltaría más", afirmó Berlusconi, quien insistió en que "España e Italia son países amigos y también los presidentes".

En la misma línea se pronunció Zapatero, que calificó a Italia de "país hermano y amigo" y recalcó que la cita, la primera desde que Berlusconi volvió al poder, "confirmó lo que fue el estilo y la práctica de la relación" cuando Berlusconi era primer ministro en su anterior mandato y él presidente. Zapatero citó como problemas a abordar conjuntamente la necesidad energética y la subida de los precios del petróleo, el fenómeno migratorio y la crisis alimentaria.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior que ofreció con motivo de su participación en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Crisis Alimentaria Mundial organizada por la FAO, el presidente del Gobierno se mostró más duro respecto a la posición italiana, si bien agradeció que Berlusconi le explicara en qué consisten las medidas adoptadas y le aclarara "algunas cosas que tienen una dimensión mucho más reducida de lo reflejado por la prensa".

En opinión de Zapatero, la mayoría de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual se abordarían "con más garantía" en la UE de forma coordinada, tanto el problema migratorio como el energético. Según el presidente del Gobierno, la inmigración es una materia en la que hay "una búsqueda permanente de respuestas" porque es un "tema apremiante". A su juicio, "la respuesta a la inmigración ilegal, que hay que combatir, es la cooperación con los países de origen" para poder repatriar a todos aquellos que se encuentran en situación irregular en otros países.

Eso, añadió, "se consigue con un esfuerzo diplomático". "Ojalá bastara una ley nacional, pero no es así", afirmó a renglón seguido, en una clara referencia al proyecto de ley italiana que prevé convertir en delito la inmigración ilegal. El presidente recordó que desde su llegada al Gobierno no ha modificado las leyes en materia de extranjería -"ojalá que la respuesta fuera cambiarlas"- y consideró que ahora habrá que ver si "es eficaz" la decisión del Gobierno italiano, cuyo fin, agregó, es "evitar la llegada" de inmigrantes.

El presidente del Gobierno aclaró, llegado a este punto, que España, con su política en materia de inmigración, ha conseguido más repatriaciones de inmigrantes ilegales que otros países, pero añadió que "cada país tiene sus circunstancias" y en el caso de Italia no quiso entrar a comentarlas. "El desafío es considerable, no es fácil, teniendo en cuenta que hay más de 800 millones de personas con hambre en el mundo". Por ese motivo, "el gobernante que diga que es fácil es que no dice la verdad a sus ciudadanos", concluyó, volviendo a insistir para terminar en que "con la colaboración se consiguen más resultados".

Según fuentes gubernamentales, durante el encuentro Berlusconi lamentó el malestar provocado por su "pequeña broma" sobre el "Gobierno rosa" de Zapatero y alegó que sólo era un "chiste". El jefe del Ejecutivo aprovechó para apuntar que se producen muchas "malinterpretaciones" y que esto fue precisamente lo que ocurrió con las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, las causantes de la polémica.

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