El desafío independentista

El Gobierno frena las expulsiones de policías y guardias civiles

  • Zoido ordena a los agentes que Interior ha trasladado a Cataluña que no abandonen hasta mañana sus hoteles si están contratados

Un policía nacional espera su transporte delante del hotel Mont-Palau de Pineda (Barcelona).

El proceso independentista se le ha ido de las manos al Govern y la fractura social se agrava. Como muestra, el botón del acoso a las fuerzas de seguridad, con centenares de policías y guardias civiles expulsados de los hoteles donde se hospedan. La reacción del Gobierno y de la Fiscalía no ha hecho esperar. Así, mientras el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenaba a los agentes que no abandonen hasta mañana ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor, el ministerio público ha abierto diligencias para averiguar si la patada y tentetieso a los agentes desplazados a Cataluña para frenar el referéndum ilegal del pasado domingo constituye un delito de odio.

Una dicotomía feroz entre quienes salen a la calle en Cataluña y quienes permanecen en silencio, aunque el asunto es posible que también se le haya ido de la mano al Gobierno español. "La situación en Cataluña es caótica". Es la opinión del secretario general de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró en un acto por la mañana que "la situación está bajo control". La propia aclaración da que pensar.

La jornada de 'paro de país' eleva la tensión y evidencia el desamparo del dispositivo de InteriorLa huelga provocó un cierre masivo de centros escolares y, en menor medida, de comercios

En la comunidad catalana se cortaron ayer medio centenar de carreteras, los centros educativos cerraron, muchos negocios también, pero lo más preocupante han sido los momentos de tensión vividos entre manifestantes y policías nacionales vividos en Barcelona, Calella, Pineda y otras poblaciones catalanas. La intervención televisiva del Rey, inédita en su reinado, excepto en el caso de los discursos de Navidad, demuestra la grave situación de excepcionalidad.

La medida para frenar el destierro de policías y guardias civiles se adoptó en una reunión en La Moncloa después de que varios policías y guardias civiles sufrieron escraches en Pineda de Mar y Calella. Aquí tuvieron que abandonar los hoteles donde se alojan. En Pineda aguantaron, pero la tensión frente a sus hoteles es máxima.

La jornada de paro que vivió ayer Cataluña se desarrolló, precisamente, contra la actuación policial, los agentes son el objeto de la protesta, pero aunque reciban apoyos en el resto de España, en Barcelona se percibe cierto desamparo desde Interior a los funcionarios que llevan aquí desde la semana pasada.

El portavoz del sindicato de la Guardia Civil (AUGC), Juan Fernández, se preguntó ayer dónde estaban los directores generales de la Policía Nacional y de la Benemérita y tachó de "fracaso" el dispositivo preparado por el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Los sindicatos comienzan a filtrar que la operación fue fruto de la improvisación, de ahí que se tuvieran que meter a los policías y guardias en tres buques días antes del 1-O, mientras que se dejó desprotegidos a otros cientos en hoteles y pensiones de la comunidad. Zoido, el ministro, pasó la jornada del lunes en Sevilla, donde asistió a un acto conmemorativo de la Policía Nacional. Obligado, sobrepasado, prometió a "las esposas y familiares" del cuerpo que defenderá la "dignidad" de los policías.

La jornada del domingo refleja bien estas críticas. A los policías y guardias se les dio la orden de salir para cerrar colegios -se les entregó un listado a cada grupo a las nueve y once minutos de la mañana- cuando se comprobó que los Mossos no colaboraban. Aunque esto era evidente desde el viernes, no había un plan B y los agentes del Estado no pudieron cerrar los 500 colegios indicados. Los servicios de información e inteligencia no interceptaron ni las urnas ni el reparto de las cajas, que fue organizado por un grupo muy reducido de activistas.

Miles de personas participaron ayer en las manifestaciones en Barcelona, no fue una huelga general como tal, pero sí una jornada de protesta con un cierre masivo de centros escolares y, en menor medida, de comercios. La Generalitat dio todo tipo de facilidades para la organización, de hecho, no restará a sus empleados el día de huelga. En la Ciudad Condal hubo dos grandes manifestaciones: una en la plaza de la Universidad y otra en Vía Laietana, donde está la comisaría general de la Policía Nacional. Allí hay gente concentrada desde el domingo. Cada vez que el semáforo se ponía en rojo para el tráfico, retumbaban las pitadas contra los agentes. En otros lugares de la comunidad se han levantado barricadas con las urnas utilizadas el pasado domingo y hay medio centenar de carreteras cortadas.

Los manifestantes, al menos en la capital, no forzaron el cierre de las cafeterías y de los pequeños supermercados que permanecieron abiertos sin seguir la jornada de huelga. Sí se produjeron momentos muy tensos frente a la sede del PP y, en especial, en la de Ciudadanos, donde los parlamentarios Fernando de Páramo y Carlos Carrizosa tuvieron que salir escoltados por la policía. Pasada la media mañana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo un llamamiento a la calma.

El paro de país estuvo convocado por Usoc, que es el tercer sindicato de Cataluña, la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium, además de otras organizaciones agrupadas en la llamada Mesa por la Democracia. Las manifestaciones de Lérida y de Gerona también fueron multitudinarias.

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