La unanimidad que habían mostrado esta semana los grupos del Congreso sobre la violencia machista se rompió ayer con la abstención de Podemos a un acuerdo que, aunque valora que se trata de "un paso adelante", piensa que es "insuficiente" para erradicar esta lacra social. Sin embargo, en el Senado, la formación morada apoyó el dictamen de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, a pesar de que los cuatro votos particulares que había presentado al texto no prosperaron, con lo que las 265 medidas que contempla salieron adelante por unanimidad.

En el caso de la Cámara Baja, formuló 34 votos al informe de la subcomisión, uno de los cuales suponía "una enmienda a la totalidad" por la falta de garantías para materializar el compromiso económico de 1.000 millones comprometidos en el texto, según explicó su portavoz, Sofía Fernández Castañón.

La diputada indicó que "queda mucho por avanzar" para alcanzar un acuerdo "como se merecen" las mujeres víctimas de violencia machista y para ello confió en tener más apoyos en septiembre, cuando el acuerdo se someterá al pleno del Congreso, en el que los grupos podrán volver a presentar sus votos, modificarlos o incluir otros nuevos.

Una decisión que levantó la "sorpresa" del resto de fuerzas políticas, que decidieron seguir adelante por "lealtad y respeto" a todas las víctimas con su pacto, que supera las 200 medidas con una dotación económica de 1.000 millones. Así, la diputada del PP María del Carmen Dueñas lamentó la abstención de Podemos, aunque advirtió que "este pacto de Estado sigue vigente", mientras que la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, opinó que ha sido "una equivocación tremenda" con la que ha incurrido en "una deslealtad con las víctimas". Desde Ciudadanos, Patricia Reyes señaló que esa decisión "desvaloriza" el pacto, y sólo desde el Grupo Mixto la diputada de Compromís Marta Sorlí aseguró que entiende, aunque no comparte, la decisión, porque es "un pacto de mínimos" y "descafeinado".

Asimismo, salieron adelante las iniciativas del PSOE para que las mujeres que perciben la renta activa de inserción puedan cotizar a la Seguridad Social con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación y para poner en marcha de manera inmediata la Comisión de Seguimiento del pacto. Reforzar los organismos de igualdad en toda la estructura institucional, asegurar la designación de procurador al mismo tiempo que se produce la de abogado, sustituir en el documento el término "diversidad funcional" por "discapacidad" y legislar contra la violencia patrimonial o económica son los otros votos que consiguieron luz verde del órgano.

Distinta suerte tuvieron otras cuestiones, como reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir la dispensa de la obligación de declarar contra sus parejas a quienes tienen la doble condición de testigos y víctimas, la creación de una subcomisión de estudio sobre la custodia compartida impuesta o incluir la "explotación reproductiva" o vientres de alquiler como una forma más de violencia.