Los 27 acusados de Gestoras Pro Amnistía renuncian a su defensa

  • Los procesados en el juicio a la red de apoyo a los presos de ETA se enfrentan a peticiones de diez años de cárcel por integración en organización terrorista

El macrojuicio contra 27 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía, la red de apoyo a los presos de ETA, arrancó ayer en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo madrileña. Los procesados están acusados de un delito de integración en organización terrorista, como parte del entramado de ETA, y se enfrentan a una pena de 10 años. El primero en declarar fue el máximo dirigente de la organización, Juan María Olano, que renunció a su defensa aduciendo que no espera "justicia" de un tribunal que está "a miles de kilómetros de la imparcialidad". El resto de acusados también renunciaron a su defensa, se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por la AVT, e introdujeron en sus intervenciones numerosas proclamas políticas contra el tribunal y el Gobierno.

Una vez expuestos sus motivos para militar en la organización, pertenencia reconocida por todos ellos, rechazaron tanto al órgano judicial, que lo calificaron de "excepción", como al propio juicio, que lo trataron de farsa.

Al término de la primera sesión, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se dirigió a los acusados y les recordó, de forma tajante, que en este proceso no se está juzgando a la Audiencia Nacional sino a un grupo de personas. "Nosotros no juzgamos ideologías sino actividades presuntamente delictivas", subrayó en respuesta a las descalificaciones de los procesados hacia el tribunal. Gran parte de los procesados indicaron durante su alegato que la sentencia ya está dictada antes de que se celebre el juicio.

Olano, quien se enfrenta a diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, denunció torturas a los presos etarras, y dijo que trabaja en Gestoras para trabajar por los derechos humanos de éstos. En su intervención, en euskera, acusó al Estado español de reprimir al pueblo vasco y manifestó que "por la vía de la represión no hay solución". Olano, que se encuentra en libertad, apoyó el referéndum como método para conocer las preferencias de los vascos. "¿Por qué no se le pregunta a los ciudadanos vascos lo que quieren?", señaló.

Durante la sesión vespertina, el acusado Jon Imanol Beaskoa explicó que la labor de Gestoras consistía en recaudar fondos entre ayuntamientos y particulares, a través de sorteos y rifas, para sufragar las 3.000 visitas que realizaban los familiares de los presos cada mes. "El gasto podía ascender a 30 millones de euros", apuntó. Otro acusado, Juan Antonio Madariaga, tachó de "política criminal" la estrategia de "dispersión, aislamiento y castigo añadido a las familiares" que diseñó en 1987 el Gobierno de Felipe González. "Ni los beneficios de mil empresas serían suficientes para paliar el coste que supone la dispersión", aseguró.

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