Sin agua en plena tormenta fiscal

  • Montilla apela al principio de solidaridad para que el Gobierno le permita el trasvase del Segre, afluente del Ebro, mientras exige la publicación de las balanzas

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En plena tormenta de las balanzas fiscales provocada por la Generalitat, falta agua en Cataluña. Y el presidente catalán, José Montilla, apela a la solidaridad territorial para trasvasar agua del río Segre al Llobregat para paliar los graves problemas de abastecimiento que puede empezar a tener la zona metropolitana de Barcelona en las próximas semanas, si no llueve.

Sin embargo, el Gobierno socialista rechaza la petición catalana por su consabida negativa al trasvase del Ebro, que tan buenos réditos electorales le dio el pasado 9-M en Aragón, principalmente. A costa, eso sí, de un retroceso en Valencia y Murcia, así como en Almería. A estas alturas, una autorización para trasvasar agua de este afluente del Ebro supondría un agravio para estas dos comunidades levantinas y para la provincia andaluza, los principales beneficiarios del Plan Hidrológico Nacional (que incluía el trasvase del Ebro) que aprobó el Gobierno de Aznar y que derogó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero nada más tomar posesión tras ganar las elecciones 2004. Además, conllevaría el incumplimiento de la promesa electoral adquirida con los aragoneses.

Pero el problema no es, obviamente, la repercusión electoral que pueda tener para el PSOE un trasvase que supondría el incumplimiento de su programa electoral, sino la necesidad de garantizar el agua de bocaa cinco millones de habitantes -el 70% de la población de Cataluña- de la forma más rápida y menos costosa posible.

Por mucho que Rodríguez Zapatero haya apostado por las plantas desalinizadoras como solución alternativa -claramente insuficientes-, los trasvases no han sido nunca ni de derechas ni de izquierdas. De hecho, durante la última etapa de Felipe González en el Gobierno, se ejecutó el trasvase del Guadiaro al Majaceite para paliar los problemas de abastecimiento que sufría la Zona Gaditana (Bahía de Cádiz, Jerez, Sierra gaditana), con una población que ya hace diez años superaba los 800.000 habitantes.

Todo hace indicar, además, que este rechazo del Gobierno socialista a los trasvases no es la dirección de futuro correcta, si tenemos en cuenta que España puede verse obligada, más pronto que tarde, a defender en el seno de la UE la transferencia de agua de los caudalosos ríos del norte de Europa, que son los que tienen excedentes realmente importantes durante los meses lluviosos. En Cataluña mismo, CiU ha desempolvado el trasvase del río Ródano como solución estructural a los problemas de Barcelona.

De la misma forma, la cesión de competencias sobre las cuencas hidrológicas nacionales a las comunidades autónomas tampoco parece una decisión política muy acertada. Más bien dificulta la operatividad del Estado a la hora de tomar medidas efectivas ante situaciones de emergencia. Curiosamente, Cataluña apela ahora a un principio de solidaridad que salió muy mermado del segundo proceso de descentralización que partió del Parlament con la aprobación del Estatut.

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