La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha convocado una manifestación para el próximo 27 de abril frente a la sede de Defensa en Madrid para condenar el arresto de un mes a su presidente, Jorge Bravo, por criticar en los medios los recortes de este Departamento.

El secretario general de AUME, Mariano Casado, explicó ayer en rueda de prensa que la junta directiva de la asociación quiere que "la parte política del Ministerio reflexione" y sepa "qué personas son las que crean problemas en las Fuerzas Armadas", que no son los miembros de las asociaciones sino algunos generales, según Casado.

"La democracia y los derechos que defiende y reclama Jorge Bravo son los que distinguen a los ciudadanos de los países democráticos de los totalitarios", agregó. Bravo se encuentra desde el martes en la base de Colmenar Viejo (Madrid) cumpliendo una sanción de un mes y un día de arresto por crtiticar los recortes y la supresión de la paga extra de los funcionarios. El subteniente defendió que si se eliminaran "gastos superfluos" como festejos y actos públicos, se podrían evitar algunas reducciones en las retribuciones de los militares.

Casado indicó que la Junta Directiva se planteó, en su reunión de ayer, que AUME abandone el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde Bravo es su representante. "Si no se le deja hablar, AUME dejará de estar en ese Consejo", advirtió. Por eso, AUME va a interponer un recurso de alzada ante el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Jaime Domínguez Buj. Sin embargo, puesto que la resolución que resulte de ese recurso "la van a hacer los mismos" que impusieron la sanción, Casado cree que "no van a cambiar el criterio".

"Desconfiamos absolutamente del JEME y de su asesoría jurídica", manifestó Casado, que remarcó que la resolución contra Bravo fue dictada por un órgano "manifiestamente incompetente", el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra, que sólo tiene competencia para imponer sanciones por faltas leves.

Casado denunció que "han hecho un traje a medida para salvar esa dificultad" e impedir que la resolución fuera objeto de un recurso de alzada ante Defensa. "Si lo hubieran hecho correctamente, el que tenía que haber impuesto la sanción era el JEME y entonces el que conocía el recurso era el ministro", quien ahora podría ordenar "la suspensión del cumplimiento de la sanción e incluso la inejecución", precisó.