Carles Puigdemont espera tras los muros de un edificio centenario. La prisión de Neumünster, en el Estado federado alemán de Scheswig-Holstein, fue construida a principios del siglo pasado, pero hoy acoge a reclusos en prisión preventiva o condenados por delitos menores, muchos de ellos por robo o lesiones. A 330 kilómetros de Berlín, el ex presidente de la Generalitat se ha convertido en un problema para las autoridades germanas, que se afanan en los últimos días por mostrar su respeto a la legalidad española.

El recinto original, protegido como patrimonio arquitectónico, presenta los rasgos propios de las construcciones germanas de principios del siglo XX, con ladrillo rojo y muros encalados, aunque se han ido añadiendo edificaciones más modernas en un área cerrada por un muro de 685 metros de largo y 5,5 metros de alto.

La prisión cuenta con dependencias también en el exterior para los presos de régimen abierto y en un edificio adyacente se encuentra el tribunal de primera instancia de Neumünster, ante el que el lunes compareció Puigdemont y que decidió que permanezca detenido mientras se estudia su extradición a España. La presencia del líder soberanista ha revolucionado la zona y ante las puertas principales de la cárcel se concentran desde el domingo multitud de periodistas y pequeños grupos de simpatizantes de la causa independentista.

"A mí no me pregunte", rezaba ayer el titular de una columna del diario muniqués Süddeutsche Zeitung en la que se da cuenta de la incomodidad que la detención en territorio germano del ex presidente catalán ha generado en el Gobierno alemán de Angela Merkel. Los portavoces de los diferentes ministerios esquivan una y otra vez las preguntas que la prensa formula en relación al líder independentista.

Por una parte, alegan que su arresto y posible entrega al Tribunal Supremo español compete a la justicia, empezando por el tribunal de Neumünster y, por otra, repiten casi como un automatismo que el desafío soberanista catalán es un asunto de política nacional. "España es un Estado democrático. Desde nuestro convencimiento y nuestra experiencia, España es un Estado constitucional. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español", recalcó el lunes el portavoz del Gobierno germano, Steffen Seibert, siguiendo la línea que Berlín ha venido defendiendo en los últimos años.

Pero mientras el Gobierno de Merkel opta por la cautela y el mutismo, convencido de que el "caso Puigdemont" no dañará las relaciones entre Alemania y España, la oposición y la prensa germana opinan sobre el asunto. Desde la formación postcomunista Die Linke se exige la inmediata liberación del ex mandatario catalán y se califica su detención como una "vergüenza". Los Verdes abogan por que la Unión Europea medie en el conflicto abierto entre Barcelona y Madrid y los liberales del FDP solicitan a Berlín que tome una posición clara en un asunto que "genera grandes problemas políticos".