730 casos de corrupción abiertos contra partidos políticos

  • Conde Pumpido revela que en total hay 264 causas abiertas contra el PSOE y 200 contra el PP.

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El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha expuesto que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción. De éstos, 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE. Por otro lado, 200 son contra miembros del PP. 

Igualmente, ha señalado que ha 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna. A ello hay que unir otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local. 

Estos datos, para Pumpido, son  el reflejo de la "imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, imaginable hace unos años". Además, ha reconocido que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal". 

Así, ha insistido en que le "causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia" que se ha hecho desde Fiscalía para que se sepa que "los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete". 

No obstante, ha asegurado entender que a veces "se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos", remarcando que esa sensación "responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate", así como a "la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada". 

Concretamente, se ha dirigido al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de "la aparente presión ejercida por la Justicia" en algunas comunidades , como de la que es origen este diputado, Murcia. Así, ha explicado que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP frente a 6 para el PSOE. 

Un caso similar, pero cambiando de partido, ocurre en Extremadura. Allí el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es de "solamente uno". 

Corrupción generalizada

Para Pumpido no se puede decir que en la actualidad la corrupción es "un fenómeno generalizado", sino más bien que "ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado". 

Sin embargo, ha reconocido que "todos es mejorable", insistiendo en que lo más importante "no son grandes propuestas, ni decálogos, ni nuevas ideas geniales para luchar contra la corrupción", sino que "la mejor aportación posible" es "dotar de medios y dejar trabajar a la Policía y a la Justicia". 

Respecto a las filtraciones, Pumpido ha recalcado que se está hablando de investigaciones que han sido seguidas por fiscales que "poquísimos ciudadanos serán capaces de reconocer ni por su nombre ni por su cara, de cuyo trabajo "nadie ajeno a la propia investigación tiene noticia". 

En este punto, ha recordado que la investigación del denominado 'caso Gürtel' fue tramitada "durante muchos meses a través de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese información ni filtración alguna", algo que, en su opinión, pone de relieve "la absoluta discreción de los integrantes de la Fiscalía. 

Por último, ha aprovechado para defender la necesidad de dotar a España de "una ley procesal penal propia de un Estado democrático moderno", en el que "el fiscal no se viera en la insólita función de vigilante de un juez que al mismo tiempo que dirige la investigación tiene la facultad de homologar la legalidad de sus propios actos".  

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