Los detectives privados darán cuenta al Ministerio del Interior de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos, y tendrán que destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe. Según el borrador del anteproyecto de la ley de seguridad privada que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en Consejo de Ministros, se establecerán controles más rigurosos y estrictos para las compañías del sector.

En el caso de los detectives, no podrán utilizar medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar, así como contra la propia imagen y el secreto de las comunicaciones. Además, tendrán que archivar sus informes a los cinco años de su conclusión y destruir los sonidos e imágenes grabados durante las vigilancias un año después de finalizar del informe, salvo que estén relacionados con un proceso judicial o policial en curso.

El texto se presenta después de que el pasado mes de febrero saltara a los medios de comunicación que la agencia de detectives Método 3 había grabado un almuerzo entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, celebrado en el restaurante barcelonés La Camarga.

Cuando se apruebe la ley todos los trabajos de los detectives deberán estar documentados en un contrato escrito y deberán elaborar un informe, que estará a disposición de las fuerzas de seguridad y la autoridad judicial, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos. Los despachos presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior. Acabar con el intrusismo, que se sancionará hasta con el cierre de las empresas que infrinjan la normativa, y garantizar que la actividad de los detectives no vulneren los derechos fundamentales son otros de los objetivos de la futura ley.

La futura ley, que sustituirá a la actual de 1992, establece la creación de un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada en el que deberán inscribirse de forma obligatoria todas las empresas, incluidos los despechos de detectives. El anteproyecto, que pasará ahora a la Agencia Española de Protección de Datos para su informe preceptivo, pretende adaptar a los nuevos tiempos un sector, que con 1.500 empresas, 90.000 trabajadores y 3.600 millones de euros de facturación anual, es puntero a nivel internacional hasta el punto de que una empresa española es la tercera a nivel mundial.

Así, la ley persigue regular el sector de manera integral para que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública. Como ha dicho el ministro, que la seguridad privada sea "submateria" de la pública y considere a la primera un recurso externo de la segunda. Fernández Díaz ha recordado que el número de vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE, mientras que España es uno de los estados de Europa con más policías por cada 100.000 habitantes, 528 frente a los 385 de media de la Unión.

Por primera vez, se regula en una norma de rango legal las medidas de seguridad física, electrónicas e informáticas, con el objetivo de que las compañías puedan ofrecer nuevos servicios demandados por la sociedad, como la videovigilancia privada en inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas o la vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales. Además de estos servicios, la nueva ley también abre la puerta a que vigilantes privados vigilen el perímetro de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de ese personal. Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños (suspensión de servicios prestados por empresas no autorizadas, desconexión de alarmas). Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores.