Cuando se cumplen mañana once años de la tragedia del Yak-42, algunas de las familias de los 62 militares españoles que fallecieron en el accidente del avión que se estrelló en Turquía cuando regresaban de una misión de paz en Afganistán y en el que murieron 75 personas, empiezan a cobrar las indemnizaciones.

Según un comunicado del portavoz de las familias, Juan Narváez Pertierra, en total serán quince las familias que comenzarán a cobrar las indemnizaciones y que representadas por sus abogados decidieron ejecutar la sentencia en octubre de 2013 ante la Cámara Civil del Tribunal de Fráncfort (Alemania), que reconoció su pretensión en diciembre de 2012.

En esa fecha la contratista alemana condenada, Chapman Freeborn, consignó la cantidad de 1.350.000 euros como indemnización global para las 15 familias, mientras que la Asociación de Víctimas aún no ha iniciado el trámite.

La empresa recurrió en apelación y el Tribunal desestimó su pretensión el pasado 9 de mayo, por lo que ahora tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Alemania, antes del 9 de junio.

Sin embargo, la empresa ya ha manifestado su intención de saldar la deuda cuanto antes, y no seguir recurriendo.

Los pagos, valorados en un total de 6,2 millones de euros, corren a cargo de la contratista alemana del vuelo, Chapman Freeborn, que aunque recurrió la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza del 12 de marzo de 2010, la Audiencia Provincial rechazó el recurso en noviembre de ese mismo año, al igual que lo hicieron, posteriormente, el Tribunal Supremo y el Constitucional.

La sentencia examinó la responsabilidad de la aerolínea UM Air, y su contratista Chapman Freeborn, ya que a ambas se les imputaba haber autorizado un vuelo calificado de ilegal, por volar con la caja negra de voz averiada desde hacía 45 días, una azafata ebria o llevar la tripulación mas de veintitrés horas sin descanso.

El Ministerio de Defensa reabrió en marzo de 2013 el expediente por responsabilidad patrimonial, que se inició en 2004, pero había quedado paralizado hasta la resolución de la vía penal finalizada en mayo de 2012.

El expediente, está a la espera de las distintas alegaciones de los abogados, y se está a la espera de una propuesta de resolución que se enviará a la Intervención General de la Asesoría Jurídica del Consejo de Estado.

La Sala de lo Penal decidió no reabrir la vía penal, que archivó el juez Grande-Marlaska, en febrero de 2012, cuando el Fiscal y las partes habían pedido la apertura de juicio oral contra los seis altos mandos militares imputados.

Ante la falta de nuevo de un homenaje oficial por parte del Ministerio de Defensa, las familias de las víctimas han decidido reunirse -en los lugares de origen de las víctimas- tanto en Zaragoza, Burgos, como Madrid, para realizar actos de homenaje en su memoria.